Impuesto a la renta financiera: una mala idea en un pésimo momento

Impuesto a la renta financiera: una mala idea en un pésimo momento

Aunque la medida fue recientemente desmentida por el Gobierno por el revuelo que causó, los inversores sienten que un nuevo fantasma los amenaza. Es un impuesto que siempre lo exigió el FMI en sus memorandums. Cuáles son las implicancias del impuesto y qué opinan los expertos sobre el tema

Las rentas obtenidas por los intereses que devengan los títulos, así como los intereses cobrados por depósitos a plazo en entidades financieras, y la compra-venta de títulos y acciones por parte de personas físicas como operaciones no habituales están exentos del Impuesto a las Ganancias en la Argentina.

Ahora, y luego de la larga y aún irresoluta disputa entre el Gobierno y el campo, un nuevo fantasma amenaza a los inversores locales y extranjeros. En recientes declaraciones, el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, confirmó que el Gobierno Nacional no descarta la posibilidad de impulsar un impuesto a la "renta financiera", único sector que no paga ningún gravamen.

"Hay cosas puntuales que sí deberíamos trabajar. Por ejemplo todo el tema de la renta financiera es un tema", destacó Fernández, según consignó este miércoles la agencia NA.

El funcionario se pronunció de esa forma, tras considerar en declaraciones periodísticas que "queda muchísimo por hacer en materia de la redistribución del ingreso". Ya en los días previos los inversores comenzaron a inquietarse ante lo que era apenas un rumor.

No obstante, el impacto que produjeron estas declaraciones fue de tal magnitud, que el propio Fernández tuvo que volver a referirse al tema el jueves, pero esta vez para bajar el tenor sus propios dichos, al expresar que "el Gobierno no está estudiando nada de eso."

Es que la renta financiera ha sido siempre una tentación para los gobiernos. En la mayoría de los casos estas estaban contenidas en los memorandums de entendimiento que en forma casi circular se firmaban con el Fondo Monetario Internacional. Vaya paradoja.

Por lo general, la idea que alienta este tipo de impuestos es que incluya, al igual que en la mayor parte de los países del Primer Mundo, a todas las rentas que se obtienen a partir de la compraventa de acciones, títulos públicos e incluso los plazos fijos, entre otros.

También suele discutirse la posibilidad de sumar las ganancias de capital que obtienen los empresarios cuando venden una empresa.

Pero para tener un mejor panorama sobre la cuestión, existe un dato a tener en cuenta a la hora de especular sobre los montos involucrados por la medida.

La Caja de Valores, en donde se encuentran depositadas las acciones que se comercializan en el orden local, administra apenas unas 800.000 cuentas, muchas de las cuales repiten a los titulares. Un número exiguo que muestra la baja participación de los inversores en el mercado de capitales.

¿A quién podría alcanzar este impuesto?

A aquellas personas que realicen operaciones de compra venta de títulos públicos y acciones. Podrían estar obligados a pagar, a través del Impuesto a las Ganancias por las diferencias patrimoniales a su favor que resulten de dichas operaciones.

A aquellas personas que invierten en fideicomisos financieros, pues otra aplicación sería la eliminación lisa y llana de los beneficios impositivos a los llamados “fideicomisos financieros”. (Lea más: Estudian eliminar beneficios impositivos para fideicomisos).

Según analistas consultados "la aplicación de un gravamen sería un fuerte retroceso", ya que a través de la implementación de este tipo de instrumentos se logró recuperar una forma de financiación de consumo que fue una de las bases del crecimiento de los últimos años. Pero no sólo éste se vio beneficiado por los fideicomisos y sus exenciones.

También se vio favorecida la agricultura, "pues a partir de un esquema casi cooperativo permitió formar los hoy cuestionados pools de siembra", resalta un inversor del sector agrario que pidió no ser identificado.

Y concluye: "No sin mala intención, podría suponerse que si, desde la óptica oficial, los pools de siembra son los culpables de buena parte de todos los males que aquejan hoy a la economía, con la aplicación de impuestos sobre su renta, ésta sería una forma de que paguen por todo lo que aportaron al crecimiento económico."

Los efectos de su aplicación:

Aunque siempre estuvo presente en la agenda de la mayoría de los gobiernos, muchas veces fue dejado de lado, por el escaso efecto positivo de su aplicación.

Desde la city porteña afirman que una medida de este tipo generaría, por lo menos, una salida considerable de los depósitos a plazo fijo, con el correlativo impacto sobre el crédito interno.

Implicancias
Según dijo Enrique Scalone, vicepresidente 1° de la International Fiscal Association y titular del estudio que lleva su nombre, “el tema de gravar la renta financiera es complicado por la imposibilidad de medir adecuadamente los efectos que dicha medida podría tener sobre la inversión y capitalización de las empresas”.

“Hay una frase que expresa: “el capital tiene alas”. La competencia entre los mercados financieros de las distintas plazas es feroz. Bastaría un simple anuncio de gravar rentas financieras en el país para producir rápidamente una corrida de capitales financieros hacia plazas del exterior, con el consiguiente vuelco de esos fondos hacia la economía informal.

"Ello podría implicar un desfinanciamiento de las empresas argentinas y también del propio Gobierno, a partir de cualquier intento de gravar los títulos públicos”, agregó el especialista.

Por otra parte, Sacalone destacó que “en el pasado han existido tributos específicos sobre la transferencia de títulos-valores, sobre la compra-venta de divisas, sobre las operaciones financieras, etc. Todos ellos aportaron escasa recaudación y significaron un escollo al flujo de capitales y al desarrollo de los mercados.”

“Por todo lo dicho, creo que, desde el punto de vista de sus efectos sobre la economía del país, gravar la renta financiera puede acarrear mayores problemas que soluciones”, concluyó Scalone.

Según explicó Daniel Artana, economista en jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), “es un error decir que toda la renta financiera está exenta. La que está exenta son los intereses de los depósitos a plazo fijo. Los dividendos están gravados en cabeza de la empresa, porque se le cobra el 35 por ciento antes de que distribuya. Están exentos a nivel de la persona”.

En tanto, Eduardo Blasco, director de Maxinver Consultores en Finanzas, puntualizó que “en el caso particular de los títulos públicos, las empresas pagan; los que están exentos del impuesto a las Ganancias son los particulares para alentar a la gente a que opere en mercados de capitales”.

Blasco también comentó que “este asunto se ha discutido muchas veces. Carpetas han dado vueltas una docena de veces. Tengo muchos años en el sistema bancario, he escuchado hablar de este tema muchas veces y se llegó a la conclusión que no era la medida ideal.”

Además, el director de Maxinver sostuvo que “desalentar la compra de estos activos significa desalentar el ahorro donde hay presión inflacionaria. Si la renta esperada disminuye, hay más tendencia a la demanda y no al ahorro.”

“Si se aplicara un impuesto de estas características, los inversores pedirían más rentabilidad. Si ahora, por ejemplo, consiguen el 15% y se les aplica un impuesto, sencillamente van a pedir más”, agregó el hombre fuerte de Maxinver.

Miguel Kiguel, ex presidente del Banco Hipotecario y actual presidente de la consultora Econviews, expresó que “es un tema que hay que analizar con tiempo, discutirlo en el Congreso. No como las retenciones que se impusieron en 24 horas”.

Para el especialista, el temor es que haya menos financiamiento por un alza en el costo financiero para el Gobierno. “Los inversores exigirán más retornos después de impuestos, por lo que aumentarían las tasas de plazos fijos y también se pedirían más tasas a los bonos, y se encarecerían los créditos al sector privado y al Gobierno.”

Si bien algunos países, como EE.UU. lo aplican, se basan en tasas diferenciales para renta de capital, acciones, el tiempo que se los mantiene en cartera, entre otras.

Kiguel concluyó que “en la Argentina, la alta inflación complica su aplicación. Las tasas y rendimientos son elevados porque la inflación es alta. Por lo que se correría un riesgo importante si se aplicara esta política”.

Existen antecedentes cercanos
La última medida concreta sobre el particular fue el Decreto 2284/91 (ratificado luego por Ley 24.073), impulsado por el actual presidente del Banco Central (BCRA), Martín Redrado, que estableció exenciones del Impuesto a las Ganancias a la compra venta de acciones realizada por inversores externos.

Esa exención permitió en aquel momento numerosas fusiones, adquisiciones y transferencias de empresas que transformaron el perfil de la economía nacional volcándolo hacia la globalización de los capitales, así como también privatizaciones de empresas estatales crónicamente deficitarias.

Más cerca en el tiempo, apenas puesto en funciones, el anterior ministro de Economía Martín Lousteau planteaba que “en una sociedad más igualitaria hay que tender a gravar más la renta y menos el consumo”.

En aquel entonces, el argumento para gravar la renta financiera contaba con el apoyo de gremios y sindicatos, quienes sostenían que era injusto que los trabajadores paguen el impuesto a las Ganancias y no lo haga la renta derivada de la compra y venta de activos financieros, como ocurre en otros países de la región.

Sin embargo, la necesidad de atraer capitales y de desarrollar el mercado financiero pequeño conspiró hasta el momento con la imposición de un tributo sobre la renta.