Subsidios a la energía treparon 63% en seis meses y pronto serían inviables

Los subsidios energéticos que el kirchnerismo engrosó desde 2003 hasta la actualidad se han convertido en un barril sin fondo, que en poco tiempo será imposible de llenar.

 

Esta es la conclusión a la que llegaron especialistas en energía y presupuesto reunidos en esta ciudad, quienes advirtieron que esa política estatal es inviable y que el ritmo de gasto creciente ya no podrá sostenerse dentro de dos años. Los subsidios son hoy una "gran tarifa social insostenible", según la definición de expertos que expusieron en el XXVII Seminario Nacional de Presupuesto Público, organizado aquí por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

 

Y la verdad es que la sustentabilidad futura de los subsidios es incierta y muy difícil de medir". En efecto, el peso de la política de los subsidios en las arcas estatales es cada vez mayor. Según mostró Rangugni en su presentación, estas erogaciones significaban 5,8% del gasto fiscal en 2007, mientras que este año ya representan 11,5% (si se suma el sector del transporte llegan a 17%).

 

En los últimos dos años se gastó por encima de lo presupuestado para ese fin: 130% en 2011 y 160% en 2012. En lo que va de este año ya se gastó 85% de lo presupuestado inicialmente, lo que permite prever que en 2013 se volverá a romper por lejos la marca presupuestaria.

 

Andrés Di Pelino, coordinador de la comisión de Economía del IAE-General Mosconi, dijo que tal como están instrumentados en la actualidad, los subsidios energéticos son insostenibles en el tiempo.

 

"Se necesita bajar lo que el Estado gasta en ese concepto, mediante un sistema focalizado que entregue esa ayuda a quienes realmente la necesitan", afirmó el especialista.

 

Según analizó Di Pelino, si YPF no logra los fondos necesarios para sacar provecho del enorme potencial que representa el yacimiento de Vaca Muerta y revertir el estado actual de un país que pasó de ser exportador neto a importador neto de energía, en dos años ya no habrá forma de financiar la compra en el exterior del gas que la Argentina necesita para abastecer su matriz energética.

 

Sucede que YPF, según Di Pelino, no la tiene fácil, puesto que para Repsol lo que sucedió con esa empresa en abril de 2012 no fue una estatización, sino una confiscación.

 

"Mientras no se solucione ese tema con la compañía española no se van a conseguir inversores, porque esa firma ya dijo que demandará a todos aquellos que pongan dinero en la petrolera estatal", explicó.

 

Lo que se propone desde el Instituto Mosconi, además de la creación de un Ministerio de Energía, es el reordenamiento de precios, subsidios y tarifas; la generación de condiciones para que retornen las inversiones y el fortalecimiento de la capacidad de gestión del Estado en el sector.

 

Los especialistas reunidos por ASAP coincidieron en que de esta maraña de subsidios se debe salir en forma ordenada porque si se la desarticula del mismo modo alocado en que se la instrumentó se producirá un estallido social.

 

¿Se puede salir de manera ordenada?

 

"Creo que sí, que hay sectores productivos que tienen margen para absorber un aumento de las tarifas", respondió Rangugni.

 

En cuanto al modo en que se podría comenzar a focalizar y discriminar entre quienes necesitan el subsidio y quiénes no, los expositores coincidieron en que no alcanza con hacer un censo, puesto que el nivel de consumo del hogar no es un indicador de los ingresos.

 

"Puede haber una persona que viva sola con alto poder adquisitivo, pero que consume muy poca energía", señaló Di Pelino.

"Tal vez el análisis catastral sea lo más efectivo", sugirió.

 

Otra dificultad se plantea por el hecho de que buena parte de los sectores merecedores del subsidio trabajan en la informalidad, por lo que se hace problemático ubicarlos.

 

Según el representante de la UIA, un gran problema que agrava la crisis energética es la diferencia entre lo que se paga por el gas importado y lo que se les cobra a los usuarios residenciales.

 

Cuesta US$ 12 el millón de BTU comprado a Bolivia y US$ 17 el que llega en barcos regasificadores.

 

Mientras que el consumidor residencial lo paga a US$ 0,50. "¿Cómo se cubre hoy esa diferencia entre costo y tarifa?", se preguntó Calsiano.

 

"Con subsidios, que pasaron de ser $ 1800 millones en 2005 a $ 56.455 millones en 2012. Y 80% de esa suma se lo llevan Enarsa y Cammesa para pagar la importación de energía", concluyó el experto.

 

Cammesa, la compañía administradora del mercado eléctrico, es la principal depositaria de los subsidios a la energía. En segundo lugar se ubica Enarsa, la empresa estatal de energía.

 

En ambos casos, el grueso de los fondos se destina a importar gas o combustibles líquidos que se usan para generar electricidad.

 

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Propiedades: baja de los precios en dólares

El largo párate de las operaciones inmobiliarias está llevando al mercado a mantener la expectativa de que los precios de las propiedades, en dólares, van a bajar.

En una encuesta del sitio especializado Reporte Inmobiliario (RI), el 59,10% de una muestra de 555 entrevistados opinó que los valores de los inmuebles cotizados en la divisa norteamericana bajarán. En tanto para el 29,55%, se mantendrán estables y para el 11,35%, aumentarán.

De hecho, en algunas zonas de Capital Federal y del Gran Buenos Aires, la merma trascendió el habitual regateo en las transacciones y se hicieron evidentes también en los precios publicados.

 

En el interior del país, donde las plazas fueron más proclives a pesificarse, el promedio de las bajas, en dólares, fue del 6,3%, según uno de los últimos relevamientos de RI. ?En Capital, las caídas son menos abruptas?, señala German Goméz Picasso, analista de la consultora. Algunos sondeos ubican la baja entre 2 y 7%. ?Sucede que hay mucha incertidumbre con respecto a cuál será al precio del dólar, resumió.

 

 

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Los subsidios en la mira

Al analizar la estructura del gasto público que no deja de crecer, sin dudas, los subsidios ocupan un lugar más que destacado entre las causas del deterioro del superávit que supo esgrimir como uno de sus logros el kirchnerismo.

 

La consultora Economía & Regiones destaca que una de las opciones para que no creciera el deterioro fiscal era atacar el exceso de gastos, que por el contrario pudo haber operado como una fuente de financiamiento productivo, teniendo en cuenta que el monto involucrado ($4.459 millones), representa menos del 1% del gasto nacional proyectado para 2013 y que la presión fiscal ya absorbe más del 35 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), un nivel récord en la historia de nuestro país. Esto no implica que se defienda o promueva un ajuste del gasto público, pero sí una utilización más eficiente y racional del mismo, destaca el informe de Economía & Regiones.

 

Asimismo, las modificaciones no deberían focalizarse en partidas de carácter social (como la Asignación Universal por Hijo), sino en el excesivo gasto en subsidios económicos, que acumula una suba del 46% a julio y llegaría a $125.000 millones a lo largo de todo 2013.

 

Según el estudio, nuevamente, no debería realizarse un recorte universal, sino individualizado sobre aquellos sectores sociales de mayor poder adquisitivo, primordialmente en los subsidios aplicados sobre el consumo energético y de transporte.

 

En ese sentido, se aseguró que la implementación de la tarjeta Sube, tenía como uno de sus objetivos determinar la capacidad adquisitiva de los usuarios del transporte, para direccionar en forma más eficiente estos recursos. Sin embargo apenas se avanzó poco más de los anuncios.

 

Al mismo tiempo sigue provocando malestar determinados subsidios que benefician a sectores económicamente más pudientes, mientras otros que no lo son deben pagar tarifas sin ningún beneficio. Esto más o menos sucede con el suministro de gas domiciliario, que recibe el subsidio para el caso de la red, en cambio no tienen ningún descuento para quienes consumen gas en garrafas, generalmente sectores de recursos más acotado. Como refleja el gráfico, la dinámica de los subsidios ha sido el talón de Aquiles? de las cuentas públicas, pasando de representar 0.5% del PBI en 2005 a un estimado de 4% del producto en 2013.

 

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Fuerte derrumbe en las exportaciones de las economías regionales

La pérdida de competitividad de la industria, afecta a un número cada vez mayor de economías regionales, que vieron caer sus ventas al mundo el año pasado y que en lo que va de 2013 afrontan un escenario similar.

 

Varios sectores corresponden a la industria de la alimentación deben lidiar con aumentos de costos que luego no pueden trasladar al mercado externo.

 

De acuerdo con un informe dado a conocer por la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) en los primeros seis meses del año cayeron las exportaciones de golosinas (-24,2%); leche en polvo (-26%); quesos (-19,8%), aceite de oliva (-7,4%); dulces y mermeladas (-9,6%); chocolates (-19,5%); uvas (-20%) y vino (-5,4%), mientras crecieron las manzanas, la carne aviar, las peras, la miel, yerba mate y sus preparados, conserva de frutas, aceitunas y conserva y preparados de tomate.

 

En el caso del vino, mientras entre 2003 y 2008 la exportación en botella se incrementó anualmente un 20%, entre 2009 y 2010 bajó al 10% y en 2012 la disminución fue del 3%.

 

Los factores que están afectando la competitividad en las economías regionales abarcan desde problemas de infraestructura, marco regulatorio, costos logísticos y de transporte hasta la situación fiscal y tributaria, insumos y materias primas, mercado laboral y los mercados interno y de exportación.

 

Las economías regionales, “están perdiendo participación relativa en el total de las exportaciones, ya que se están concentrando cada vez más en los grandes sectores como los cereales, oleaginosas, pellets y harinas, aceites y autos”, indicó Marcelo Elizondo, de la consultora DNI.

 

Estos rubros representaban en 2005 el 38% de las exportaciones, y en 2012 ese porcentaje subió al 52%. Elizondo puso como ejemplos los sectores de frutas frescas, que en 2010 exportaban por u$s 1.160 millones y en 2012 vendieron por u$s 1.058 millones; y las lanas, que entre el 2010 y 2012 sus ventas decrecieron desde los u$s 174 a los u$s 157 millones. A su vez, las hortalizas y legumbres exportaban en 2010 u$s 646 millones y en 2012 solo crecieron hasta u$s 699 millones (8%).

 

También el azúcar y sus derivados tienen problemas de competitividad y sus ventas al mundo decrecieron –o crecieron muy poco– en los últimos años. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también publicó recientemente un informe sobre la pérdida de competitividad de la industria.

 

Se observan, según el documento, dificultades en la olivicultura, la citricultura, frutas de pepitas, carozo y finas, arándanos y berries, vitivinicultura, horticultura, yerbatera, azucarera, apícola, algodonera, tabacalera, nogalera, aromáticas, legumbres y todas sus formas aromáticas”. La cámara indicó que estas producciones están distribuidas en todo el país y son un componente dinamizador de las economías regionales, por la mano de obra que involucran como por la generación de divisas que producen vía exportación.

 

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Se tensa cadena de pagos: saltaron 60% cheques rechazados

Fue otro efecto de una "estanflación" que parece ahora más tangible y que preocupa, de a poco, a una buena parte de los banqueros: el encarecimiento de insumos y gastos fijos, en una economía que permanece virtualmente estancada en la mayoría de sus actividades, empezó a complicar a las empresas en el cumplimiento de sus compromisos con los proveedores y a generar problemas en la cadena de pagos.

 

En julio, el último mes medido por el Central, el rechazo de cheques que reportaron las cámaras electrónicas de compensación de fondos pegó el salto más fuerte del año: los documentos que quedaron sin respaldo alcanzaron los $ 3.600.000 y reflejaron una suba del 58% contra el mes anterior.

 

Su proporción frente al total de los compensados siguió baja (un 2,6%), pero fue un claro indicio de las mayores dificultades que atraviesan en estos meses las economías regionales, por la caída en la demanda de sus productos y el aumento de sus costos fijos.

 

"Sembramos sabiendo que vamos a pérdida", explicó ayer a este diario un productor de arándanos de la provincia de Buenos Aires.

 

Su preocupación es fácil de resumir: sus costos, que eran el 25% de la facturación que percibía cuando en 2005 inició su emprendimiento, representan ahora el 89% de ese total.

 

Compañías que emitían cheques de 90 a 120 días pasaron a hacerlo en los últimos tres meses a plazos de entre 120 a 150 días.

 

Y las tasas de interés convalidadas en los documentos se movieron de un rango, según los distintos plazos, del 21% al 26% al 22% y al 27% anual.

 

En los bancos miran con atención el crecimiento de la morosidad. "Todavía no hay un semáforo rojo. Pero preocupa como en cualquier otra línea de crédito", comentó el tesorero de un banco privado.

 

El atraso en los pagos se encuentra todavía en niveles bajísimos en términos históricos, pero representa de todas formas un alto costo para las entidades.

 

En la primera mitad del año, el sistema financiero entero perdió cerca de $ 3.000 millones en el concepto "cargos por incobrabilidad".

 

Su crecimiento se estancó en los últimos meses, si bien amenaza, todavía, con volver a despegar. El salto de cheques rechazados se interpreta muchas veces como una primera señal.

 

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El Gobierno inyecta al consumo $ 4.100 millones por mes

Desde este mes, los cambios en el impuesto a las Ganancias y el aumento programado en las jubilaciones inyectarán más recursos que redundarán en su mayoría en una suba en el consumo, pero que en parte podrían trasladarse al dólar paralelo, coincidieron economistas consultados por El Cronista.

 

Los $ 4.100 millones representan, por ejemplo, casi dos meses de facturación de los shoppings de todo el país, de acuerdo a la encuesta de Centros de Compras del Indec.

 

El 31 de julio, a semanas de las primarias, la presidenta Cristina Fernández apuró el anuncio del aumento en las jubilaciones, que, por la ley de movilidad, tiene dos ajustes automáticos, en marzo y septiembre, de acuerdo a un índice que combina la evolución de los salarios con la de la recaudación. En ese entonces, la Presidenta informó un incremento del 14,41% para los 7,3 millones de jubilados y pensionados nacionales, que cobran a través de la ANSeS. Sumado al aumento de marzo, la mejora es del 31,78% para el año. El incremento fue oficializado ayer en la resolución de ANSeS 266 del Boletín Oficial y se cobrará a partir del lunes y llevará la mínima de $ 2.165 a $ 2.476,98 y el haber medio de $ 3.498 a $ 4.002.

 

La inyección de recursos anual totalizará $ 36.824 millones, sostuvo la ANSeS. Son unos $ 3.000 millones al mes que se volcarán, en buena medida, al consumo.

 

En paralelo, la exención del pago del impuesto a las Ganancias para los salarios de hasta $ 15.000 brutos y la suba de las deducciones del 20% para salarios de entre $ 15.000 y $ 25.000 (y del 30% para los trabajadores de la Patagonia), arrimarán otros $ 1.100 millones mensuales a los bolsillos de la clase media. La suma también contempla las mejoras en las asignaciones familiares, que el Gobierno anunció la semana pasada en combo ante empresarios.

 

El Ejecutivo mensuró en casi $ 4.500 millones ese “esfuerzo fiscal” hasta fin de año. Distintos economistas coincidieron en que las mejoras en los haberes de los jubilados se traducirán en casi su totalidad en consumo, mientras que el mejor ingreso de la clase media puede trasladarse, en parte a ahorro. “Se supone que la propensión a consumir es alta entre estos sectores. Una parte puede ir al ahorro, pero el grueso irá a consumo”, afirmó Marina Dal Poggetto, economista directora del Estudio Bein.

 

Para Mariano Lamothe, economista de Abeceb.com, las mejoras en Ganancias se destinarán a “consumo, a bienes durables y algo al tipo de cambio paralelo, sobre todo cuando aumente la incertidumbre preelectoral”. En los últimos días, el dólar blue volvió a dispararse y se negocia a $ 9,20. De todos modos, los analistas entienden que el “shock de consumo” será acotado.

 

“Hasta mayo, el consumo era muy malo, crecía 0. Luego del congelamiento de precios y la paritaria, repuntó, pero no al ritmo de años anteriores”, dijo Lamothe. Según sus previsiones, el consumo crece a un ritmo de 3% anual y seguirá en esa línea. Según un informe de la Fundación Mediterránea, las mejoras en Ganancias de aquí a fin de año representan el “1% de la masa salarial ampliada del período”.

 

Y agregó: “Este aporte a la demanda de consumo luce como una salida transitoria, al no haberse aplicado un mecanismo automático de actualización de escalas y del mínimo no imponible”.

 

 

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Agencias de viajes: algunas cobran recargos de 20% en cuotas sin interés

Con una inflación del 25%, sacar un pasaje en 12 cuotas sin interés parería ser un negocio redondo para cualquiera. Sin embargo, no lo es tanto para quien se toma el trabajo de leer con atención la letra chica que figura al final del contrato.

Hay algunos operadores turísticos que, al final de las promociones de pasajes en 6, 12 y 18 cuotas, incluyen la siguiente leyenda: "Adicionar u$s 100 al precio indicado en concepto de gastos de gestión". En un pasaje de $ 6.000, se traduce en más de un 10% de recargo. Además, con lupa en mano se puede leer que el costo financiero total es del 3,6%, aunque para los mayores de 65 años aumenta al 6%. No obstante, cada banco cobra su propio CFT: algunos imponen un 9%, mientras otros cobran 1,5% por cada $ 1.000 (por lo tanto, en un aéreo de $ 7.000 es del 10,5%). Según indican, el recargo se debe a la gestión de contratación y otorgamiento de cobertura de seguro de vida sobre saldo deudor.

Hay operadores que directamente ponen: "Si se realiza el pago con algunas de nuestras tarjeta de crédito en promoción, a la tarifa final se le suma un 5% en concepto de gastos de gestión". Otros incluyen el 5%, que llega hasta el 10% en algunos bancos bajo el concepto de "tasa administrativa".

La letra diminuta de ciertos operadores detalla sobre la conveniencia de consultar con el banco emisor la eventual aplicación de cargos y seguros asociados a la operatoria en cuotas".

Hay agencias que tienen otro tipo de estrategias: solicitan que se contrate algún servicio adicional, como el de Assist Card.

Otras exigen que, si la compra del pasaje es por teléfono, se contrate el servicio de hotel: Si uno quiere adquirir pasaje solo, entonces hay que sacarlo por la web". El argumento es que se trata de fomentar el uso de Internet. En realidad, en el ambiente especulan con un intento de cubrir el costo por el servicio con la tarjeta de crédito.

Fabricio Di Giambattista, presidente de la la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo, especula que el recargo que cobran algunas puede llegar a ser por un acuerdo que hicieron con MercadoPago, que aplica un recargo de alrededor del 5%: Si ofrecen algún otro producto anexado es porque buscan mayor consumo.

Para el vicepresidente de la Asociación Argentina de Operadores de Turismo, Juan Carlos Chervatín, son estrategias comerciales de venta, que algunos aplican y otros no. No se puede tomar como una medida general del sector. De todas formas, estas cosas siempre han ocurrido, en cualquier circunstancia económica. Nadie está exento de ver fantasmas en el mundo de Morticia.

Otro de los puntos a tener en cuenta es la cotización que toman del dólar oficial, porque algunas agencias cobran 10 centavos más. Es que los bancos o casas de cambio pueden demorar hasta más de diez días en autorizarnos la compra, así que tenemos que tomar unos centavos de más para cubrirnos ante una suba de la divisa y no salir perdiendo", revelan en una de las grandes agencias de viajes, que cuenta con varias sucursales, tanto en la Argentina como en el exterior.

Chervatín confirma que los mayoristas se manejan en función de la eventual cotización del dólar el día en que realizan el giro: Cada uno se cubre de una forma diferente: algunas agencias cobran un cargo administrativo de u$s 20 por cada reserva, además tienen que incluir el 1,2% de gastos bancarios. Otras ponen como cláusula que el precio está sujeto a la cotización del dólar el día que se autoriza la transferencia, de modo de evitar hacerse cargo de una eventual suba, ya que se trata de un costo inestable.

Chervatín explica que en noviembre y diciembre del año pasado la AFIP otorgaba las autorizaciones en el acto o, a lo sumo, en 48 horas, mientras ahora empezaron a notarse las demoras, aunque más relacionados con el accionar de los bancos o casas de cambio.

Enrique Braun, de la Asociacion Argentina de Agencias de Viajes y Turismo, comenta que las demoras en las autorizaciones pueden tardar cuatro o cinco días, pero que además cada agencia de viajes opera con un banco distinto, que tiene una cotización diferente de la divisa, por eso la existencia de los distintos precios.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la alícuota de la AFIP casi nunca llega al 20%. En el caso de los aéreos, hay que descontarle los impuestos y tasas, entonces queda un recargo de sólo el 14%. Por ejemplo, un pasaje a San Pablo cuesta $ 1.293, a lo que hay que agregarle $ 550 de impuestos y tasas que no tributan, por lo que la alícuota para la AFIP es de sólo $ 259 extras.

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