martes, 7 de febrero de 2012
En su primer semestre en la B, River perdió más de $ 8 millones
Su vicepresidente primero Omar Solassi confirmó que el club tuvo una pérdida de $ 8.250.000 por jugar el primer semestre en la B.
River tiene que ascender sí o sí. Igual, desde esta dirigencia no daremos un paso al costado si no se da. Hay que empezar y terminar las cosas, aunque será una situación difícil si River no asciende, comentó el principal allegado del presidente Daniel Passarella. Nosotros perdimos $ 8.250.000. Los perdimos porque no pudimos jugar en nuestra cancha, no podíamos vender entradas, en los partidos del Interior costeábamos todos nuestros gastos y en nuestros partidos en las provincias no tomamos el dinero que es para el visitante, señaló.
Más allá de ser el club que mayor número de localidades vendió entre las dos categorías, la sanción que le aplicó la AFA por los incidentes en la Promoción contra Belgrano inclinó la balanza. River jugó cinco partidos de local en otras canchas, por lo cual tuvo que alquilar los estadios de San Lorenzo y Huracán. Además, tuvo que pagar una multa económica y sus ingresos de ventas de populares fueron más bajos que en la A por la diferencia de tarifa: de $ 40 a $ 30.
El vice de River también dio a conocer que se bajó el déficit operativo mensual del club: Pasamos de $ 5 millones por mes a $ 200.000. Es un avance importante. El dirigente recordó que cuando la actual conducción asumió en 2009, se especulaba sobre la posibilidad de que se decretara la quiebra.
Boom de plazos fijos en pesos
Según los últimos datos publicados por el Banco Central (BCRA) con cifras hasta el 27 de enero, las colocaciones a plazo del público pegaron un salto de nada menos que $ 6.500 millones, superando el máximo alcanzando en el mes de diciembre, cuando avanzaron unos
$ 5.000 millones. Los plazos fijos minoristas pasaron, de esta manera, desde $ 110.995 millones, hasta los $ 117.426 millones.
Éste es el incremento mensual más alto registrado al menos desde el año 2002. Habitualmente enero es un período de gran liquidez en los bancos, en el que las colocaciones a plazo suelen crecer, pero lo máximo alcanzado en 10 años, fue un aumento de $ 3.791 millones (en enero de 2008), casi la mitad de lo registrado el mes pasado.
A la estacionalidad (y la inflación), los gerentes financieros le sumaron el factor del cepo verde. A partir de las restricciones que el Gobierno impuso desde noviembre pasado para las compras del dólares (tanto de pequeños como de grandes ahorristas) el fenómeno fue casi instantáneo y los pesos que no pudieron ser volcados a la divisa estadounidense fueron a parar a las cuentas a plazo del sistema financiero.
Es por eso que en enero estas colocaciones más que duplicaron el ritmo de expansión respecto de años anteriores y también de otros meses. La tendencia no es exclusiva de los pequeños ahorristas. Por el mismo motivo, los grandes inversores también están renovando o realizando nuevos plazos fijos. Según cifras oficiales, los depósitos mayoristas a plazo (superiores a $ 1 millón) treparon unos $ 3.555 millones en el primer mes del año. Estas colocaciones pasaron de $ 54.099 millones hasta
$ 57.654 millones. El avance significó más del doble de la expansión de $ 1.100 millones que crecieron en igual período de 2011; estuvo por encima de los $ 1.500 millones de 2010 y también más que duplicó el avance de $ 1.100 millones de 2009.
En las mesas además destacan como llamativo semejante crecimiento, teniendo en cuenta que las tasas que pagan en los bancos por estas colocaciones ha caído considerablemente en los últimos dos meses. La Badlar (para grandes depósitos) ya se ubica por debajo del 15% anual (llegó a tocar en el segundo semestre del año pasado un 25%) y para un pequeño inversor rondan entre el 9% y 10% anual. Son tasas que volvieron a ser negativas y se ubican muy por debajo de la inflación, calculada por consultoras privadas en torno al 20% anual. El pronóstico apunta a una estabilidad en el costo del dinero que, si bien no compensa la inflación, le sigue ganando a las proyecciones de suba del tipo de cambio (en promedio un 13% anual, contra el casi 8% de 2011). En rigor, la estabilidad del dólar (en enero prácticamente no se movió para el público minorista) contribuye a esta avalancha de pesos en los bancos.
De todas formas, en enero los depósitos totales cayeron unos $ 2.638 millones hasta los $ 269.097 millones, por un retroceso en las cuentas a la vista. Las cajas de ahorro en moneda nacional del sector privado se desplomaron unos $ 8.000 millones y las cuentas corrientes, del mismo segmento, cedieron unos $ 255 millones. En el sector explican que obedece a un fenómeno estacional: por las vacaciones muchos clientes utilizan su dinero en posiciones más líquidas.
$ 5.000 millones. Los plazos fijos minoristas pasaron, de esta manera, desde $ 110.995 millones, hasta los $ 117.426 millones.
Éste es el incremento mensual más alto registrado al menos desde el año 2002. Habitualmente enero es un período de gran liquidez en los bancos, en el que las colocaciones a plazo suelen crecer, pero lo máximo alcanzado en 10 años, fue un aumento de $ 3.791 millones (en enero de 2008), casi la mitad de lo registrado el mes pasado.
A la estacionalidad (y la inflación), los gerentes financieros le sumaron el factor del cepo verde. A partir de las restricciones que el Gobierno impuso desde noviembre pasado para las compras del dólares (tanto de pequeños como de grandes ahorristas) el fenómeno fue casi instantáneo y los pesos que no pudieron ser volcados a la divisa estadounidense fueron a parar a las cuentas a plazo del sistema financiero.
Es por eso que en enero estas colocaciones más que duplicaron el ritmo de expansión respecto de años anteriores y también de otros meses. La tendencia no es exclusiva de los pequeños ahorristas. Por el mismo motivo, los grandes inversores también están renovando o realizando nuevos plazos fijos. Según cifras oficiales, los depósitos mayoristas a plazo (superiores a $ 1 millón) treparon unos $ 3.555 millones en el primer mes del año. Estas colocaciones pasaron de $ 54.099 millones hasta
$ 57.654 millones. El avance significó más del doble de la expansión de $ 1.100 millones que crecieron en igual período de 2011; estuvo por encima de los $ 1.500 millones de 2010 y también más que duplicó el avance de $ 1.100 millones de 2009.
En las mesas además destacan como llamativo semejante crecimiento, teniendo en cuenta que las tasas que pagan en los bancos por estas colocaciones ha caído considerablemente en los últimos dos meses. La Badlar (para grandes depósitos) ya se ubica por debajo del 15% anual (llegó a tocar en el segundo semestre del año pasado un 25%) y para un pequeño inversor rondan entre el 9% y 10% anual. Son tasas que volvieron a ser negativas y se ubican muy por debajo de la inflación, calculada por consultoras privadas en torno al 20% anual. El pronóstico apunta a una estabilidad en el costo del dinero que, si bien no compensa la inflación, le sigue ganando a las proyecciones de suba del tipo de cambio (en promedio un 13% anual, contra el casi 8% de 2011). En rigor, la estabilidad del dólar (en enero prácticamente no se movió para el público minorista) contribuye a esta avalancha de pesos en los bancos.
De todas formas, en enero los depósitos totales cayeron unos $ 2.638 millones hasta los $ 269.097 millones, por un retroceso en las cuentas a la vista. Las cajas de ahorro en moneda nacional del sector privado se desplomaron unos $ 8.000 millones y las cuentas corrientes, del mismo segmento, cedieron unos $ 255 millones. En el sector explican que obedece a un fenómeno estacional: por las vacaciones muchos clientes utilizan su dinero en posiciones más líquidas.
Grecia despirá 15.000 empleados públicos este año
El gobierno griego anunció ayer que despedirá a 15.000 empleados públicos este año, en medio de las desesperadas negociaciones con la troika de acreedores, que exigen más recortes y ahorro a cambio de un nuevo préstamo
Al borde de la moratoria, Atenas necesita dinero antes del 20 de marzo, fecha en la que vencen compromisos por 14.500 millones de euros.
El ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos, reconoció que las negociaciones son tan duras que apenas se cierra un capítulo se abre otro, tras un encuentro con los representantes de la troika.
Para desbloquear este segundo rescate, el BCE, la CE y el FMI exigen un compromiso inmediato y explícito con el ajuste de parte de los jefes políticos de los partidos que integran el gobierno.
Además del préstamo de 130.000 millones de euros, está en juego la quita de parte de la deuda griega, actualmente de 360.000 millones de euros. Esa suma equivale a 160% del PBI de Atenas, y la idea es reducirla al 120% del PBI en 2020.
Pero sin préstamo ni quita, el país parece dirigirse irremediablemente al default.
A su vez, las dos grandes centrales sindicales (GSEE, del sector privado, y ADEDY, del público) convocaron para hoy a una huelga general de 24 horas y a una manifestación en el centro de Atenas.
Las nuevas medidas de ajuste son la crónica de una muerte anunciada, el objetivo es desmontar todo el derecho laboral y reducir los salarios de 20% a 30, dijo ayer el presidente de GSEE, Yannis Panagopulos.
Con respecto al calendario de la Eurozona para sacar a flote a Atenas, se inicia con el canje de bonos, que implica que los acreedores privados intercambien sus tenencias de títulos del gobierno griego por garantías de más tiempo con una rentabilidad más baja, algo que reducirá la carga de la deuda griega en 100.000 millones de euros.
Al borde de la moratoria, Atenas necesita dinero antes del 20 de marzo, fecha en la que vencen compromisos por 14.500 millones de euros.
El ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos, reconoció que las negociaciones son tan duras que apenas se cierra un capítulo se abre otro, tras un encuentro con los representantes de la troika.
Para desbloquear este segundo rescate, el BCE, la CE y el FMI exigen un compromiso inmediato y explícito con el ajuste de parte de los jefes políticos de los partidos que integran el gobierno.
Además del préstamo de 130.000 millones de euros, está en juego la quita de parte de la deuda griega, actualmente de 360.000 millones de euros. Esa suma equivale a 160% del PBI de Atenas, y la idea es reducirla al 120% del PBI en 2020.
Pero sin préstamo ni quita, el país parece dirigirse irremediablemente al default.
A su vez, las dos grandes centrales sindicales (GSEE, del sector privado, y ADEDY, del público) convocaron para hoy a una huelga general de 24 horas y a una manifestación en el centro de Atenas.
Las nuevas medidas de ajuste son la crónica de una muerte anunciada, el objetivo es desmontar todo el derecho laboral y reducir los salarios de 20% a 30, dijo ayer el presidente de GSEE, Yannis Panagopulos.
Con respecto al calendario de la Eurozona para sacar a flote a Atenas, se inicia con el canje de bonos, que implica que los acreedores privados intercambien sus tenencias de títulos del gobierno griego por garantías de más tiempo con una rentabilidad más baja, algo que reducirá la carga de la deuda griega en 100.000 millones de euros.
jueves, 2 de febrero de 2012
Inmobiliarias indagarán el origen del dinero
Las transacciones inmobiliarias sumaron ayer nuevos controles que podrían demorar el cierre de las operaciones e incrementar los costos de los corredores.
Cualquier persona que quiera comprar o vender inmuebles por un valor de US$ 140 mil (o $ 600 mil) o más al año tendrá que justificar el origen de los fondos con declaraciones juradas de su estado civil, ingresos anuales e impuestos.
Precios llamativamente altos o bajos, desinterés por las características de la propiedad, nerviosismo por cerrar la operación a toda costa serán circunstancias que podrían ameritar que la inmobiliaria envíe un Reporte de Operación Sospechosa a la Unidad de Información Financiera para investigar si hubo lavado de dinero o financiamiento de actividades terroristas.
Si los fondos para comprar el inmueble provienen de una venta de otra propiedad, también deberá presentar una copia autenticada de la escritura, una certificación extendida por un contador con el origen de los fondos, documentación bancaria o que acredite la venta de autos, títulos o ganado o cualquier otra que respalde la tenencia de fondos lícitos para la operación.
La inmobiliaria también tendrá en cuenta "el monto, tipo, naturaleza y frecuencia de las operaciones que habitualmente realiza el cliente" y "el origen y destino de los fondos", según la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial. Además verificará si el cliente figura en listados de terroristas y les exigirá a las partes que firmen una declaración jurada en la que aclaren si son "personas expuestas políticamente" (funcionarios públicos de rango medio o alto) o no.
Según el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Néstor Walenten, con 35 años en el sector, la normativa de la UIF "perturbará el mercado" ya que "demandará capacitación y digestión, especialmente, por parte de los compradores que, a diferencia de los vendedores, carecen del respaldo que brinda un título de propiedad".
La CAI, junto con la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) y el Colegio de Corredores mantuvieron reuniones con los técnicos de la UIF para hacerles llegar su conocimiento del mercado. Sin embargo, la entidad que comanda José Sbatella desoyó las sugerencias y fijó un límite para agudizar los controles a las operaciones de sólo $ 600 mil (unos US$ 140 mil). En Palermo, con ese monto sólo se puede comprar un departamento de unos 70 metros cuadrados. "Veníamos negociando algo más flexible pero la UIF habrá priorizado los requisitos del GAFI" (Grupo de Acción Financiera Internacional), el organismo global al cual Sbatella deberá rendirle cuentas en al primera semana de febrero en París.
Desde 2003, los escribanos ya tenían que rendir cuentas ante la UIF. Sin embargo, ahora, esa obligación también recae en empresas comerciales, como son las inmobiliarias, muchas de ellas familiares o sociedades de hecho.
Walenten descartó que la normativa implique mayores costos: "sólo hay que exigir más información, archivar y, eventualmente, advertirle a la UIF por internet", opinó. No obstante, las nuevas reglas de juego significarán que los corredores y sus empleados se capaciten mediante cursos que dictarán las entidades del sector. También requerirán de inversiones en software y diseño de procedimientos de control.
Las concesionarias de yates deberán seguir los mismos lineamientos que las inmobiliarias pero, en este caso, el foco se pondrá en los clientes que realicen operaciones por un monto anual de $450.000 (unos US$104 mil) o más.
Cualquier persona que quiera comprar o vender inmuebles por un valor de US$ 140 mil (o $ 600 mil) o más al año tendrá que justificar el origen de los fondos con declaraciones juradas de su estado civil, ingresos anuales e impuestos.
Precios llamativamente altos o bajos, desinterés por las características de la propiedad, nerviosismo por cerrar la operación a toda costa serán circunstancias que podrían ameritar que la inmobiliaria envíe un Reporte de Operación Sospechosa a la Unidad de Información Financiera para investigar si hubo lavado de dinero o financiamiento de actividades terroristas.
Si los fondos para comprar el inmueble provienen de una venta de otra propiedad, también deberá presentar una copia autenticada de la escritura, una certificación extendida por un contador con el origen de los fondos, documentación bancaria o que acredite la venta de autos, títulos o ganado o cualquier otra que respalde la tenencia de fondos lícitos para la operación.
La inmobiliaria también tendrá en cuenta "el monto, tipo, naturaleza y frecuencia de las operaciones que habitualmente realiza el cliente" y "el origen y destino de los fondos", según la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial. Además verificará si el cliente figura en listados de terroristas y les exigirá a las partes que firmen una declaración jurada en la que aclaren si son "personas expuestas políticamente" (funcionarios públicos de rango medio o alto) o no.
Según el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Néstor Walenten, con 35 años en el sector, la normativa de la UIF "perturbará el mercado" ya que "demandará capacitación y digestión, especialmente, por parte de los compradores que, a diferencia de los vendedores, carecen del respaldo que brinda un título de propiedad".
La CAI, junto con la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) y el Colegio de Corredores mantuvieron reuniones con los técnicos de la UIF para hacerles llegar su conocimiento del mercado. Sin embargo, la entidad que comanda José Sbatella desoyó las sugerencias y fijó un límite para agudizar los controles a las operaciones de sólo $ 600 mil (unos US$ 140 mil). En Palermo, con ese monto sólo se puede comprar un departamento de unos 70 metros cuadrados. "Veníamos negociando algo más flexible pero la UIF habrá priorizado los requisitos del GAFI" (Grupo de Acción Financiera Internacional), el organismo global al cual Sbatella deberá rendirle cuentas en al primera semana de febrero en París.
Desde 2003, los escribanos ya tenían que rendir cuentas ante la UIF. Sin embargo, ahora, esa obligación también recae en empresas comerciales, como son las inmobiliarias, muchas de ellas familiares o sociedades de hecho.
Walenten descartó que la normativa implique mayores costos: "sólo hay que exigir más información, archivar y, eventualmente, advertirle a la UIF por internet", opinó. No obstante, las nuevas reglas de juego significarán que los corredores y sus empleados se capaciten mediante cursos que dictarán las entidades del sector. También requerirán de inversiones en software y diseño de procedimientos de control.
Las concesionarias de yates deberán seguir los mismos lineamientos que las inmobiliarias pero, en este caso, el foco se pondrá en los clientes que realicen operaciones por un monto anual de $450.000 (unos US$104 mil) o más.
martes, 31 de enero de 2012
La AFIP detectó empleo en negro en las colonias de vacaciones
La AFIP realizó un operativo de control de empleo registrado en 166 colonias de vacaciones de todo el país, en el que se relevaron 1.631 personas, de los cuales el 41%, es decir 675 empleados, presentaban irregularidades en su condición laboral.
Durante el procedimiento se reflejó una gran cantidad de empleados sin registrar. Y entre aquellos que estaban declarados, los inspectores de la AFIP fueron advertidos sobre irregularidades como extensas jornadas laborales.
Además, se constató que el 42% de los 398 empleados que ingresaron a trabajar en el transcurso de este mes carecía de la tramitación de la Clave de Alta Temprana. Los empleadores deben informar al organismo toda nueva incorporación a través de la CAT, obligatoria desde el primer día de servicio.
Según la AFIP, al considerar los salarios promedio del convenio vigente para la actividad, el monto mensual evadido a los Sistemas de Seguridad Social y de Obras Sociales por cada empleado no declarado asciende a $ 1.518,71. Ese monto, multiplicado por la cantidad de meses en que se omitió su ingreso, "da una evasión mensual que rondaría los $ 773.000", agregaron en el organismo.
Durante el procedimiento se reflejó una gran cantidad de empleados sin registrar. Y entre aquellos que estaban declarados, los inspectores de la AFIP fueron advertidos sobre irregularidades como extensas jornadas laborales.
Además, se constató que el 42% de los 398 empleados que ingresaron a trabajar en el transcurso de este mes carecía de la tramitación de la Clave de Alta Temprana. Los empleadores deben informar al organismo toda nueva incorporación a través de la CAT, obligatoria desde el primer día de servicio.
Según la AFIP, al considerar los salarios promedio del convenio vigente para la actividad, el monto mensual evadido a los Sistemas de Seguridad Social y de Obras Sociales por cada empleado no declarado asciende a $ 1.518,71. Ese monto, multiplicado por la cantidad de meses en que se omitió su ingreso, "da una evasión mensual que rondaría los $ 773.000", agregaron en el organismo.
lunes, 30 de enero de 2012
Admite el Gobierno ante el Ciadi que aumentará el gas
Pese a que, en forma pública, el gobierno de Cristina Kirchner niega "tarifazos" en los servicios públicos, en los tribunales de esta ciudad asegura lo contrario y vaticina, por ejemplo, incrementos en las tarifas de dos distribuidoras de gas para los próximos años. El valor inminente estimado es del 27% de alza, pero superaría el 500% desde el año próximo. Los documentos que afirman ese aumento en el precio del gas corresponden al expediente identificado como ARB/02/16 -referido a una disputa judicial con la empresa Camuzzi, que acumula ya varios años- y se suman a la inquietud reinante por el futuro de la política tarifaria en el país.
En los últimos dos meses, y a partir de la anunciada eliminación de subsidios a los servicios públicos, se produjo en la Argentina un importante aumento en el precio de pasaje de subterráneo, a lo que se agregan dudas sobre inminentes ajustes en el valor del viaje en colectivo, así como incrementos en las facturas de servicios públicos que, en determinadas zonas, podrían alcanzar un nivel del 300%.
El aumento que ahora el Gobierno declara en el precio del gas que distribuyen Camuzzi Gas del Sur y Camuzzi Gas Pampeana consta en documentos que el país presentó recientemente ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi), a los que tuvo acceso LA NACION.
Se trata de un informe elaborado especialmente por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), al actuar como perito de parte para apoyar, ante el citado tribunal, la defensa argentina en el reclamo por daños entablado por una firma privada, que se consideró afectada por la política tarifaria imperante. Es justamente para cuestionar esa demanda que la parte argentina emplea como argumento la inminente puesta en marcha de un "ajuste en la tarifa de distribución de gas".
Mediante el uso de modelos de simulación hacia el futuro, el informe precisa, sin embargo, que el mayor impacto de ese ajuste se advertirá, especialmente, a partir del año próximo, con niveles que, en algunos casos, serán superiores al 500 por ciento.
Subas por etapas
Como es de esperar, la ponencia argentina apunta a rechazar la pretensión de perjuicio que expone la empresa inversora. Para hacerlo, se vale de una argumentación de 66 páginas en las que abundan afirmaciones sobre la inminente suba de tarifas en la distribución de gas.
Afirma así que, inicialmente, las distribuidoras lograrán "un incremento en su tarifa del 27%" y que, después de ello, las tarifas volverán a ajustarse. Es aquí donde, mediante modelos, proyecta alzas superiores al 500% a partir del año próximo. Una de esas simulaciones especifica, por caso, incrementos del 572% para Camuzzi Gas Pampeana (CGP) y del 452% para Camuzzi Gas del Sur (CGS). Todo, como parte de una "revisión integral" de las tarifas de los servicios públicos que se asumirá este año para empezar a ejecutarse a partir de 2013. Fuentes empresariales en la Argentina aclararon que la suba del 27% "surgió de la revisión tarifaria integral que ya está aprobada para casi todas las distribuidoras, pero que aún no se aplica porque el Gobierno nunca publicó los cuadros tarifarios".
Tales afirmaciones, expuestas en un tribunal, contrastan con lo que afirma de manera pública el Gobierno, que, a través de su vicepresidente, Amado Boudou, y del ministro de Planificación, Julio De Vido, viene negando de plano deslizamientos en los precios de ese insumo.
Por el contrario, ambos funcionarios afirmaron que la eliminación de subsidios ya puesta en marcha "no tendrá impacto" sobre el precio que pagan los usuarios.
En los últimos dos meses, y a partir de la anunciada eliminación de subsidios a los servicios públicos, se produjo en la Argentina un importante aumento en el precio de pasaje de subterráneo, a lo que se agregan dudas sobre inminentes ajustes en el valor del viaje en colectivo, así como incrementos en las facturas de servicios públicos que, en determinadas zonas, podrían alcanzar un nivel del 300%.
El aumento que ahora el Gobierno declara en el precio del gas que distribuyen Camuzzi Gas del Sur y Camuzzi Gas Pampeana consta en documentos que el país presentó recientemente ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi), a los que tuvo acceso LA NACION.
Se trata de un informe elaborado especialmente por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), al actuar como perito de parte para apoyar, ante el citado tribunal, la defensa argentina en el reclamo por daños entablado por una firma privada, que se consideró afectada por la política tarifaria imperante. Es justamente para cuestionar esa demanda que la parte argentina emplea como argumento la inminente puesta en marcha de un "ajuste en la tarifa de distribución de gas".
Mediante el uso de modelos de simulación hacia el futuro, el informe precisa, sin embargo, que el mayor impacto de ese ajuste se advertirá, especialmente, a partir del año próximo, con niveles que, en algunos casos, serán superiores al 500 por ciento.
Subas por etapas
Como es de esperar, la ponencia argentina apunta a rechazar la pretensión de perjuicio que expone la empresa inversora. Para hacerlo, se vale de una argumentación de 66 páginas en las que abundan afirmaciones sobre la inminente suba de tarifas en la distribución de gas.
Afirma así que, inicialmente, las distribuidoras lograrán "un incremento en su tarifa del 27%" y que, después de ello, las tarifas volverán a ajustarse. Es aquí donde, mediante modelos, proyecta alzas superiores al 500% a partir del año próximo. Una de esas simulaciones especifica, por caso, incrementos del 572% para Camuzzi Gas Pampeana (CGP) y del 452% para Camuzzi Gas del Sur (CGS). Todo, como parte de una "revisión integral" de las tarifas de los servicios públicos que se asumirá este año para empezar a ejecutarse a partir de 2013. Fuentes empresariales en la Argentina aclararon que la suba del 27% "surgió de la revisión tarifaria integral que ya está aprobada para casi todas las distribuidoras, pero que aún no se aplica porque el Gobierno nunca publicó los cuadros tarifarios".
Tales afirmaciones, expuestas en un tribunal, contrastan con lo que afirma de manera pública el Gobierno, que, a través de su vicepresidente, Amado Boudou, y del ministro de Planificación, Julio De Vido, viene negando de plano deslizamientos en los precios de ese insumo.
Por el contrario, ambos funcionarios afirmaron que la eliminación de subsidios ya puesta en marcha "no tendrá impacto" sobre el precio que pagan los usuarios.
martes, 24 de enero de 2012
Prevén parate inmobiliario
Incertidumbre. Eso fue lo que generó en el sector del real estate vernáculo la buena nueva de la AFIP: según un proyecto en estudio, los fideicomisos inmobiliarios podrían quedar alcanzados por el impuesto a las ganancias, que asciende al 35% sobre el beneficio obtenido.
El tema es que, ante la escasez en la plaza de créditos hipotecarios, los fideicomisos al costo eran la única forma de financiarse para quien quería comprar una propiedad. "El 95% de los compradores son inversores, que lo ven como una forma de ahorro obligado, de modo de no destinar todo su excedente al consumo", explica Germán Gómez Picasso, CEO de Reporte Inmobiliario.
Es que se puede pagar en 24 cuotas mensuales. Para poner un ejemplo, una unidad de u$s 120.000, se deben pagar cuotas de u$s 3.000, además de un anticipo del 30%, mientras el 15% restante se paga al momento de la entrega.
Damián Tabakman, presidente de la Asociación Argentina de Profesores y Consultores de Real Estate, informa que la gran mayoría de los proyectos que se hacen en la actualidad en la Argentina son fideicomisos al costo.
Néstor Walenten, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina y titular de Walenten Propiedades, sostiene que todo lo que genera una mayor presión impositiva va a terminar perjudicando al sector, que ya viene de capa caída debido a la retracción que se produjo el mes pasado por la dificultad de acceder al dólar oficial.
"Durante casi un mes se paralizó el mercado, ya que los inversores son muy sensibles al dólar", confirma Tabakman.
Horacio Cavia, de Toribio Achaval, indica que se salvaron quienes tenían las cuotas fijadas en pesos, ya que de esa manera no tenían la necesidad de comprar dólares.
Walenten coincide con esta óptica: "Hay una dilación en la toma de decisiones. Encima, la sequía en el campo no hace más que agravar la situación, ya que el 40% de los inversores inmobiliarios provienen de la agricultura, así que estamos todos rezando de que llueva mucho de una vez por todas", confiesa Walenten.
José Rozados, presidente de Reporte Inmobiliario, pone sobre la mesa otro factor que enciende la alarma en el sector: los valores que tomará la AFIP para el impuesto a las ganancias será sobre los precios de mercado, no los del costo de la construcción, que son con los que se mueven este tipo de fideicomisos. En consecuencia, los inversores deberán pagar por cifras que son entre un 15 y un 25% superiores.
A juicio de Rozados, la nueva normativa representará una complicación no sólo para el inversor, sino también para el administrador del fideicomiso. Por lo tanto, cree que generará un impacto negativo en la generación de mano de obra. Hasta ahora, en cambio, quien estaba obligado a liquidar ganancias era el fideicomiso, y cada uno de los inversores luego debía hacerlo en forma particular, de acuerdo a su posición ante la AFIP. Por lo tanto, esta medida perjudicará mucho más al que antes no tributaba, ya que ahora los controles serán mucho mayores.
El tema es que, ante la escasez en la plaza de créditos hipotecarios, los fideicomisos al costo eran la única forma de financiarse para quien quería comprar una propiedad. "El 95% de los compradores son inversores, que lo ven como una forma de ahorro obligado, de modo de no destinar todo su excedente al consumo", explica Germán Gómez Picasso, CEO de Reporte Inmobiliario.
Es que se puede pagar en 24 cuotas mensuales. Para poner un ejemplo, una unidad de u$s 120.000, se deben pagar cuotas de u$s 3.000, además de un anticipo del 30%, mientras el 15% restante se paga al momento de la entrega.
Damián Tabakman, presidente de la Asociación Argentina de Profesores y Consultores de Real Estate, informa que la gran mayoría de los proyectos que se hacen en la actualidad en la Argentina son fideicomisos al costo.
Néstor Walenten, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina y titular de Walenten Propiedades, sostiene que todo lo que genera una mayor presión impositiva va a terminar perjudicando al sector, que ya viene de capa caída debido a la retracción que se produjo el mes pasado por la dificultad de acceder al dólar oficial.
"Durante casi un mes se paralizó el mercado, ya que los inversores son muy sensibles al dólar", confirma Tabakman.
Horacio Cavia, de Toribio Achaval, indica que se salvaron quienes tenían las cuotas fijadas en pesos, ya que de esa manera no tenían la necesidad de comprar dólares.
Walenten coincide con esta óptica: "Hay una dilación en la toma de decisiones. Encima, la sequía en el campo no hace más que agravar la situación, ya que el 40% de los inversores inmobiliarios provienen de la agricultura, así que estamos todos rezando de que llueva mucho de una vez por todas", confiesa Walenten.
José Rozados, presidente de Reporte Inmobiliario, pone sobre la mesa otro factor que enciende la alarma en el sector: los valores que tomará la AFIP para el impuesto a las ganancias será sobre los precios de mercado, no los del costo de la construcción, que son con los que se mueven este tipo de fideicomisos. En consecuencia, los inversores deberán pagar por cifras que son entre un 15 y un 25% superiores.
A juicio de Rozados, la nueva normativa representará una complicación no sólo para el inversor, sino también para el administrador del fideicomiso. Por lo tanto, cree que generará un impacto negativo en la generación de mano de obra. Hasta ahora, en cambio, quien estaba obligado a liquidar ganancias era el fideicomiso, y cada uno de los inversores luego debía hacerlo en forma particular, de acuerdo a su posición ante la AFIP. Por lo tanto, esta medida perjudicará mucho más al que antes no tributaba, ya que ahora los controles serán mucho mayores.
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