Comisión parlamentaria investigará a las cerealeras

El Senado volverá a sesionar el próximo miércoles tras el receso invernal, con el tratamiento sobre tablas, de un proyecto para crear una comisión especial que investigue sospechas de "elusión impositiva" sobre exportaciones de oleaginosas y aceites.

En base a una investigación de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), el bloque de la UCR en la Cámara alta presentó una iniciativa el último miércoles para determinar si las exportadoras liquidaron impuestos por ventas al exterior sin contar con los granos en su poder y anticipándose al aumento de retenciones.

Las maniobras que formarán parte de la investigación del Senado, involucran a 57 firmas exportadoras de las que se sospecha que habrían evadido una cifra total cercana a los 1.700 millones de dólares.

Según la Oncca, las exportadoras se habrían anticipado al aumento de los derechos de exportación para la soja del 27% al 35% presentando declaraciones juradas de venta de granos que, nunca tuvieron en su poder.

"Esto permitió a un grupo de empresas exportadoras de granos congelar tanto la alícuota de derechos de exportación como el valor FOB declarado, lo que constituye un motivo más que suficiente para crear una comisión investigadora", afirma el proyecto de la UCR, que firman el jefe de esa bancada, Ernesto Sanz (Mendoza), y el titular del comité nacional, Gerardo Morales (Jujuy).

Entre los beneficiarios figuraría el empresario aceitero y actual senador nacional justicialista por Córdoba, Roberto Urquía, quien habría obtenido por este método ingresos que podrían rondar los 300 millones de dólares.

A través de este proyecto, los senadores oficialistas requieren la creación de una comisión investigadora que estará integrada por seis legisladores de la Cámara alta y deberá pronunciarse en un plazo de 180 días a partir de su constitución, prorrogable una sola vez por otros seis meses.

La comisión podrá solicitar todo tipo de documentación e informaciones, requerir testimonios de personas, recibir elementos probatorios, exigir pruebas instrumentales, hacer inspecciones en lugares públicos y privados y pedir el auxilio de la fuerza pública, si fuera necesario.