Las reservas del Banco Central, que llegaron a mas de u$s 50.000 millones y están muy cerca del récord de marzo del 2008, son una tentación para el Gobierno.
En los pasillos oficiales festejaron como un triunfo propio el hecho de que las arcas del Central sigan robusteciéndose. Sucede que el Ejecutivo, después de crear el Fondo de Desendeudamiento, demostró que está dispuesto a tomar fondos del BCRA para cancelar deuda en lugar de buscar un financiamiento hoy caro en los mercados.
Lo hizo este año: ya lleva utilizados u$s 2.000 millones para cancelar deuda; y en agosto se hará de otros u$s 2.200 millones para afrontar el vencimiento del Boden 2012.
Así, ya habrá gastado la totalidad del fondo destinado a pagar a bonistas, ya que no necesitaba “permiso” para cancelar pasivos con organismos internacionales (eran u$s 2.187 millones).
La novedad ahora es que en el Gobierno no descartan reeditar otro fondo el año próximo para pagar deuda a los bonistas. “Vamos a ver, cada medida tiene que ver con el momento. Fue correcta la decisión debido al excedente de reservas que tiene el BCRA, tomamos esa determinación en base a un análisis técnico donde no se daña la estabilidad financiera”, indicó una alta fuente de Economía.
La lógica oficial es que resulta menos costoso y más beneficioso para el país recurrir eventualmente otra vez a las reservas del BCRA (que rinden 0,5%) que endeudarse en los mercados para capear la brecha de financiamiento. “Pagar con reservas es mejor que hacer revolving de la deuda. Incluso el mercado no lo toma mal, quizás los fundamentalistas o la oposición, pero es mejor financiarte casi a tasa cero que convalidar un costo elevado en el mercado”, explican en Economía.
De hecho, todavía, resulta “conservadora” la estrategia de solicitar las utilidades del BCRA del año pasado, unos $ 23.500 millones, ya que solo se giraron $ 1.500 millones para tapar el déficit a principios de año, principalmente en febrero.
“No tenemos fecha estipulada para pedir esos fondos, se hará en base a las necesidades”, contestan escuetamente fuentes oficiales. De todas formas, en el mercado creen que en este segundo semestre se hará más palpable el giro de ganancias para cerrar las cuentas fiscales.
El argumento de recrear otro fondo con las reservas del BCRA el año próximo tiene su peso. Habrá que pagar, además de los vencimientos que se repiten este año, unos u$s 800 millones por la reapertura del canje más el cupón PBI que abonará fuerte por el crecimiento del 2010 (siempre paga año vencido).
Según Barclays Capital, el banco que lideró el consorcio de entidades que asesoraron al Gobierno en el canje, la brecha a financiar en 2011 llega a u$s 13.500 millones.
El mercado también develará el misterio. Si el clima financiero mejora durante este segundo semestre lo suficiente para que sea posible una emisión de deuda a tasas “razonables”, las necesidades de golpear las puertas de Reconquista 266 serán menores. Eso no sólo permitiría colocar deuda sino realizar canjes por otros títulos más largos para aliviar el peso de los vencimientos, el denominado “manejo de pasivos”.
sábado, 24 de julio de 2010
Invertirán u$s 65 millones en oficinas en Catalinas Sur
Un nuevo edificio de oficinas se sumará a los alrededores del cotizado barrio de Puerto Madero. La desarrolladora Qualis Development (QD) invertirá u$s 65 millones en la recuperación y puesta en valor del antiguo Frigorífico Pampa, un edificio de 70.000 metros cuadrados ubicado a 200 metros del Dique Uno, en la zona conocida como Catalinas Sur. Allí construirán oficinas pero también locales de gastronomía, indumentaria, entretenimiento, farmacia, peluquería, librería, mini-mercado y gimnasio.
Según la empresa desarrolladora, el nuevo emprendimiento –que se llamará Dique Cero Ciudad Empresarial Urbana– traerá un “nuevo concepto” en inmuebles de renta de oficinas.
“Es un proyecto pensado para albergar todas las actividades y servicios necesarios para el pleno desarrollo de una completa jornada laboral de las empresas que allí se instalen y su gente. Brindará otras comodidades para resolver las necesidades de la gente en el escaso tiempo entre su casa y el trabajo”, explicó la empresa a través de un comunicado.
El ex Frigorífico Pampa se encuentra ubicado en la puerta de entrada Sur de la ciudad de Buenos Aires. “Las oficinas contarán con todas las comodidades que hoy exigen las empresas, con vistas despejadas hacia el Río de la Plata y la ciudad, y servicios de valor agregado para los empleados”, destacaron desde QD.
De acuerdo a la empresa, una vez finalizadas, las oficinas ofrecerán grandes superficies centralizadas, con servicios AAA como centro de convenciones, salones secundarios y bancos.
Según la empresa desarrolladora, el nuevo emprendimiento –que se llamará Dique Cero Ciudad Empresarial Urbana– traerá un “nuevo concepto” en inmuebles de renta de oficinas.
“Es un proyecto pensado para albergar todas las actividades y servicios necesarios para el pleno desarrollo de una completa jornada laboral de las empresas que allí se instalen y su gente. Brindará otras comodidades para resolver las necesidades de la gente en el escaso tiempo entre su casa y el trabajo”, explicó la empresa a través de un comunicado.
El ex Frigorífico Pampa se encuentra ubicado en la puerta de entrada Sur de la ciudad de Buenos Aires. “Las oficinas contarán con todas las comodidades que hoy exigen las empresas, con vistas despejadas hacia el Río de la Plata y la ciudad, y servicios de valor agregado para los empleados”, destacaron desde QD.
De acuerdo a la empresa, una vez finalizadas, las oficinas ofrecerán grandes superficies centralizadas, con servicios AAA como centro de convenciones, salones secundarios y bancos.
Lanzan la tasa más baja del sistema para comprar la primera vivienda o construir
Es algo más sofisticado que un préstamo hipotecario, pero está al alcance de todos.
El Banco Hipotecario colocará hoy la primera serie “post-canje de deuda” de sus cédulas hipotecarias con un beneficio especial para sus suscriptores: la posibilidad de acceder a un crédito por un valor hasta 10 veces superior al del título obtenido, a una tasa fija y en pesos de 15,5%.
Hasta hoy, sólo unas pocas entidades locales mantenían “activas” sus líneas para vivienda. Y prácticamente todas ellas aparecían inaccesibles para la clase media argentina por lo bajo de los salarios locales.
En ofertas a tasa fija, el Ciudad era el más audaz, con un costo de financiamiento de 18% anual (TNA) en pesos a 20 años de plazo. En otro segmento (el de las tasas variables) el Banco Nación ofrecía una línea al 12,75% (TNA).
La colocación de las cédulas hipotecarias fue aprobada ayer por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Será por un total de $ 273 millones.
Los tenedores de estos títulos, que tendrán un rendimiento mayor a la Badlar y una duración de 5,4 años, obtendrán “privilegios” para calificar frente a los créditos hipotecarios del banco. Aquellos que suscriban un monto mínimo de $ 20.000, podrán obtener una línea hipotecaria de hasta diez veces el valor suscripto (o sea: $ 200.000) para construir o adquirir una vivienda con una tasa fija preferencial de 15,5% (TNA), a un plazo de 20 años, y sin gastos de originación.
La cédula funciona así como una garantía para el cliente bancario: con ella, la entidad “infiere” la capacidad de pago del solicitante a partir de la capacidad de ahorro que demostró con la suscripción del título. El financiamiento otorgado por el Hipotecario se ubica entre el 70% y el 75% del valor de la vivienda.
Para acceder a este instrumento de inversión, la entidad pone como requisitos “básicos” tener entre 18 y 65 años, una antigüedad laboral mínima de un año, DNI, comprobante de un servicio a nombre del titular (el último período facturado), constancia de CUIL, últimos tres recibos de sueldo (existen otros requisitos para quienes trabajan en forma independiente), entre otra documentación.
“Con esto tenemos el objetivo de impulsar el desarrollo de un mercado secundario de hipotecas que genere liquidez en el primario”, dicen en el Banco Hipotecario.
Las cédulas hipotecarias son títulos destinados al mercado de capitales local, estructurados a través de fideicomisos financieros y respaldados por créditos originados por este banco, con garantía de hipotecas sobre inmuebles.
La nueva oferta, denominada “Dueño x 10”, supone que “los suscriptores primarios de estas cédulas (CHA Serie XII) que requieran un préstamo hipotecario gozarán de beneficios en la política de análisis crediticio”.
“Se inferirá -precisa el banco- la capacidad de pago mensual del solicitante tomando en cuenta el monto suscripto de la cédula, pudiendo el beneficiario acceder a un monto de préstamo de hasta $ 200.000”.
Durante los últimos seis años, Banco Hipotecario ya colocó once series de fideicomisos CHA. “El desempeño fue excelente, hubo pleno cumplimiento y recibimos altos porcentajes de sobresuscripción”, contaron en la entidad.
El Banco Hipotecario colocará hoy la primera serie “post-canje de deuda” de sus cédulas hipotecarias con un beneficio especial para sus suscriptores: la posibilidad de acceder a un crédito por un valor hasta 10 veces superior al del título obtenido, a una tasa fija y en pesos de 15,5%.
Hasta hoy, sólo unas pocas entidades locales mantenían “activas” sus líneas para vivienda. Y prácticamente todas ellas aparecían inaccesibles para la clase media argentina por lo bajo de los salarios locales.
En ofertas a tasa fija, el Ciudad era el más audaz, con un costo de financiamiento de 18% anual (TNA) en pesos a 20 años de plazo. En otro segmento (el de las tasas variables) el Banco Nación ofrecía una línea al 12,75% (TNA).
La colocación de las cédulas hipotecarias fue aprobada ayer por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Será por un total de $ 273 millones.
Los tenedores de estos títulos, que tendrán un rendimiento mayor a la Badlar y una duración de 5,4 años, obtendrán “privilegios” para calificar frente a los créditos hipotecarios del banco. Aquellos que suscriban un monto mínimo de $ 20.000, podrán obtener una línea hipotecaria de hasta diez veces el valor suscripto (o sea: $ 200.000) para construir o adquirir una vivienda con una tasa fija preferencial de 15,5% (TNA), a un plazo de 20 años, y sin gastos de originación.
La cédula funciona así como una garantía para el cliente bancario: con ella, la entidad “infiere” la capacidad de pago del solicitante a partir de la capacidad de ahorro que demostró con la suscripción del título. El financiamiento otorgado por el Hipotecario se ubica entre el 70% y el 75% del valor de la vivienda.
Para acceder a este instrumento de inversión, la entidad pone como requisitos “básicos” tener entre 18 y 65 años, una antigüedad laboral mínima de un año, DNI, comprobante de un servicio a nombre del titular (el último período facturado), constancia de CUIL, últimos tres recibos de sueldo (existen otros requisitos para quienes trabajan en forma independiente), entre otra documentación.
“Con esto tenemos el objetivo de impulsar el desarrollo de un mercado secundario de hipotecas que genere liquidez en el primario”, dicen en el Banco Hipotecario.
Las cédulas hipotecarias son títulos destinados al mercado de capitales local, estructurados a través de fideicomisos financieros y respaldados por créditos originados por este banco, con garantía de hipotecas sobre inmuebles.
La nueva oferta, denominada “Dueño x 10”, supone que “los suscriptores primarios de estas cédulas (CHA Serie XII) que requieran un préstamo hipotecario gozarán de beneficios en la política de análisis crediticio”.
“Se inferirá -precisa el banco- la capacidad de pago mensual del solicitante tomando en cuenta el monto suscripto de la cédula, pudiendo el beneficiario acceder a un monto de préstamo de hasta $ 200.000”.
Durante los últimos seis años, Banco Hipotecario ya colocó once series de fideicomisos CHA. “El desempeño fue excelente, hubo pleno cumplimiento y recibimos altos porcentajes de sobresuscripción”, contaron en la entidad.
Las paritarias fijaron subas de entre 25% y 30% y elevaron el piso salarial a $ 2.100
La ronda de paritarias desarrollada durante el primer semestre de 2010, que involucró la actualización salarial de más de 3 millones de trabajadores, culminó con incrementos promedio de entre 25% y 27% en el caso de las categorías intermedias de los principales convenios, mientras los aumentos de los asalariados de categoría inicial fueron mayores y se ubicaron entre el 25% y 30%.
Los datos surgen de un relevamiento realizado por el Ministerio de Trabajo, que estableció que durante el semestre enero-junio se firmaron 368 convenios, de los cuales 170 representaron negociaciones de ámbito de actividad mientras los 168 restantes correspondieron a acuerdos salariales de ámbito de empresa.
El informe, presentado ayer por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, consignó que a partir de los aumentos salariales pactados, la totalidad de los convenios colectivos contará con pisos salariales superiores a los $ 2.100, una cifra bastante por encima del actual salario mínimo de $ 1.500 que rige para los trabajadores fuera de convenio y cuya actualización se discutirá en el marco del Consejo del Salario, que sería convocado en los próximos días.
Los incrementos acordados entre empresas y gremios para los salarios de la categoría inicial se ubicaron entre 25% y 30%.
En montos monetarios:
Esas subas rondaron entre un máximo de $ 900 (bancarios) y un mínimo de $ 420 (estatales nacionales), aunque la mayoría fijó subas en torno a $ 500 y $ 650.
Solo dos gremios, los que agrupan a los trabajadores de la administración pública nacional (21%) y las entidades deportivas y civiles (23%), fijaron mejoras por debajo de esa banda.
El informe de la cartera laboral insistió en rechazar la idea de un desborde de los reclamos salariales, un planteo repetido con preocupación desde el sector empresario durante las negociaciones, y remarcó que los aumentos acordados “tuvieron como objetivo fundamental mejorar la capacidad adquisitiva para todo el año”. En esa línea, el relevamiento advirtió que solo cinco convenios fijaron incrementos superiores al 30% (los sectores de alimentación, gastronómicos, personal de maestranza, seguridad y madereros) y subrayó que en casi la mitad de los acuerdos pactados el porcentaje de suba aplicada sobre la categoría intermedia se ubicó en el tramo entre 25% y 27%.
Además, se destacó que en la gran mayoría de los acuerdos se recurrió a la modalidad de desdoblar la aplicación de los aumentos, en tres o cuatro etapas, a excepción del convenio bancario que implementó el incremento en una sola cuota.
En ese esquema, más de la mitad de los acuerdos prevé completar la aplicación del aumento en el transcurso de 2010, mientras en los casos de los convenios de alimentación, madera, gráficos, textiles, gastronómicos y camioneros, el último tramo de la suba se implementará el próximo año.
En la presentación del informe, Tomada se mostró conforme con el resultado de la ronda de paritarias (que en el primer semestre abarcó al 70% de los trabajadores comprendidos en convenios colectivos) y destacó la continuidad de las negociaciones salariales como un “elemento dinamizador de la economía”.
Los datos surgen de un relevamiento realizado por el Ministerio de Trabajo, que estableció que durante el semestre enero-junio se firmaron 368 convenios, de los cuales 170 representaron negociaciones de ámbito de actividad mientras los 168 restantes correspondieron a acuerdos salariales de ámbito de empresa.
El informe, presentado ayer por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, consignó que a partir de los aumentos salariales pactados, la totalidad de los convenios colectivos contará con pisos salariales superiores a los $ 2.100, una cifra bastante por encima del actual salario mínimo de $ 1.500 que rige para los trabajadores fuera de convenio y cuya actualización se discutirá en el marco del Consejo del Salario, que sería convocado en los próximos días.
Los incrementos acordados entre empresas y gremios para los salarios de la categoría inicial se ubicaron entre 25% y 30%.
En montos monetarios:
Esas subas rondaron entre un máximo de $ 900 (bancarios) y un mínimo de $ 420 (estatales nacionales), aunque la mayoría fijó subas en torno a $ 500 y $ 650.
Solo dos gremios, los que agrupan a los trabajadores de la administración pública nacional (21%) y las entidades deportivas y civiles (23%), fijaron mejoras por debajo de esa banda.
El informe de la cartera laboral insistió en rechazar la idea de un desborde de los reclamos salariales, un planteo repetido con preocupación desde el sector empresario durante las negociaciones, y remarcó que los aumentos acordados “tuvieron como objetivo fundamental mejorar la capacidad adquisitiva para todo el año”. En esa línea, el relevamiento advirtió que solo cinco convenios fijaron incrementos superiores al 30% (los sectores de alimentación, gastronómicos, personal de maestranza, seguridad y madereros) y subrayó que en casi la mitad de los acuerdos pactados el porcentaje de suba aplicada sobre la categoría intermedia se ubicó en el tramo entre 25% y 27%.
Además, se destacó que en la gran mayoría de los acuerdos se recurrió a la modalidad de desdoblar la aplicación de los aumentos, en tres o cuatro etapas, a excepción del convenio bancario que implementó el incremento en una sola cuota.
En ese esquema, más de la mitad de los acuerdos prevé completar la aplicación del aumento en el transcurso de 2010, mientras en los casos de los convenios de alimentación, madera, gráficos, textiles, gastronómicos y camioneros, el último tramo de la suba se implementará el próximo año.
En la presentación del informe, Tomada se mostró conforme con el resultado de la ronda de paritarias (que en el primer semestre abarcó al 70% de los trabajadores comprendidos en convenios colectivos) y destacó la continuidad de las negociaciones salariales como un “elemento dinamizador de la economía”.
domingo, 18 de julio de 2010
Las reservas del BCRA alcanzaron un nuevo récord
Las reservas internacionales del Banco Central, alcanzaron un nuevo récord histórico. Las arcas del BCRA cerraron en u$s 50.604 millones, superando el máximo anterior del 27 de marzo del 2008.
También arrojaron un saldo positivo las variaciones de las divisas frente al dólar, euro (+1,19%), libra (+0.81%) y oro (+0,29%) además de los títulos externos que forman parte de las reservas. “La acumulación de reservas internacionales es un pilar del modelo macroeconómico de la Argentina. Estos fondos hicieron posible sostener a lo largo de siete años una política de tipo de cambio competitivo que ha estimulado el crecimiento, el desarrollo del mercado interno y el empleo”, afirmó la presidenta del Central, Mercedes Marcó del Pont. Y agregó que “las reservas acumuladas son además enteramente genuinas: provienen del superávit comercial, es decir de la diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos. No son producto, como en otros tiempos, del endeudamiento externo. Provienen de las fuerzas productivas del país y por ello se retroalimentan como consecuencia de un modelo económico coherente, que fomenta ante todo la producción nacional”.
También arrojaron un saldo positivo las variaciones de las divisas frente al dólar, euro (+1,19%), libra (+0.81%) y oro (+0,29%) además de los títulos externos que forman parte de las reservas. “La acumulación de reservas internacionales es un pilar del modelo macroeconómico de la Argentina. Estos fondos hicieron posible sostener a lo largo de siete años una política de tipo de cambio competitivo que ha estimulado el crecimiento, el desarrollo del mercado interno y el empleo”, afirmó la presidenta del Central, Mercedes Marcó del Pont. Y agregó que “las reservas acumuladas son además enteramente genuinas: provienen del superávit comercial, es decir de la diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos. No son producto, como en otros tiempos, del endeudamiento externo. Provienen de las fuerzas productivas del país y por ello se retroalimentan como consecuencia de un modelo económico coherente, que fomenta ante todo la producción nacional”.
Calificadoras de riesgo: en el ojo de la tormenta
Se hacen protagonistas en cada crisis, y son cuestionadas cada vez que empiezan las turbulencias: “La idea es que las calificadoras de riesgo se anticipen a todo. Pero siempre llegan tarde: en el medio del ciclo expansivo, nunca advierten nada”, se queja el economista José Luis Espert. El mercado se animó a criticarlas con más dureza cuando notó que la enorme burbuja inmobiliaria de los EE.UU., que estalló en octubre de 2008, jamás había sido prevista por ellas. Lo hizo sobre esos grandes “estigmas sociales” que arrastran desde siempre. El primero: la acusación de que nunca pueden ser objetivas en calificar a un emisor que es quien les paga por su asesoramiento. El segundo: que no demuestran habilidad para anticipar las crisis, ni los verdaderos defaults. Y el tercero: que cuando los mercados se asustan, ellas no hacen más que profundizar el temor con pronósticos de “serios riesgos”.
Veinte días atrás, con el canje de deuda en marcha, el ministro Amado Boudou les reprochó: “Las agencias de riesgo se guían más por cuestiones ideológicas que de fundamentación económica. Eso deriva en malas decisiones de inversión, lo que es grave para los inversores, pero también desde el punto de vista sistémico”.
El posible default griego también volvió a sentar a las calificadoras de riesgo en el banquillo. Se les recriminó, en este caso, la misma indiferencia que ante el default de la Argentina, la explosión de las crisis rusa y brasileña, y algunos ejemplos corporativos puntuales. A nivel global, el más recordado es la quiebra de Enron; en la Argentina, el incumplimiento del fideicomiso Bonesi, que calificaba Standard & Poors. “No negamos que hemos perdido prestigio, y estamos pasando un momento dificilísimo”, se sinceró ante este diario la analista de una de las tres grandes agencias instaladas en el país. “Pero estamos trabajando para recuperar la confianza”, agregó.
En la Argentina, la pelea del Gobierno con las calificadoras se profundizó desde la intervención del Indec. Pero volvió a copar la escena mediática en las últimas semanas, una vez que se conoció el nivel de adhesión al canje de deuda (66%). El presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, se lanzó públicamente a reclamarles el investment grade (el escalón más alto, en el que hoy se ubican, por ejemplo, los EE.UU.). Ante las consultas de la prensa, las compañías Moody’s y Fitch adelantaron que subirían su calificación, pero que la sacarían sólo del nivel de default a “grado especulativo”. En Standard & Poors, si bien reconocieron al canje como un avance, advirtieron que aún no es suficiente para determinar una decisión sobre la nota.
Los economistas heterodoxos suelen ser los más críticos de las calificadoras, por una razón: cada vez que emerge una crisis, suponen que es necesario incurrir en un gran déficit fiscal para generar políticas expansivas que apuntalen la actividad. Ahí, entonces, aparecen siempre las advertencias de las agencias, que evalúan la capacidad de pago de la deuda soberana por encima de cualquier otra variable de la economía. “Trabajan, cuando hay problemas, agravando los problemas; y cuando no hay problemas, generando dinero fácil adicional. El principal problema de ellas es esta “prociclicidad”, comenta a WE el economista Miguel Bein. En las agencias se defienden: “Al final somos criticadas por ambas cosas. Si elegimos ser prudentes ante las amenazas de default, nos dicen que llegamos tarde; y si nos anticipamos, nos dicen que ’empujamos’ las cosas para que la crisis suceda”, se lamenta un analista.
Las calificadoras evalúan la calidad del crédito con siete escalones diferentes, que van desde la triple A (máximo grado de inversión), hasta la triple C (probabilidad cierta de default). La Argentina está ubicada hoy en el último lugar del escalón intermedio (“grado especulativo”): con la nota B-, en Standard & Poors, y con B3, en Moody’s. Fitch mejoró esta semana la calificación de B- a B.“Las calificaciones son sólo opiniones: no son recomendaciones y no se mueven con el precio del mercado. Tienen cierta estabilidad y están pensadas para inversores de mediano plazo. A veces se mezcla el rol de la calificadora con el del que tiene un researched. Pero es distinto: el mercado descuenta los sucesos mucho más rápido”, argumenta un directivo.
En Europa existe una fuerte presión política para lanzar una serie de reformas y regulaciones sobre las calificadoras. Auditorías internas, rotación de analistas y -la más extendida de todas- creación de entes de control de la actividad. En la Argentina esa idea fue lanzada desde la CNV a mediados del año pasado, por el entonces titular del organismo, Eduardo Hecker: se trataba de crear un ente por decreto presidencial, integrado por académicos de universidades públicas, que supervisara a las vapuleadas calificadoras. Una réplica de lo que propone un proyecto de ley del Parlamento Europeo: la creación de la European Securities and Markets Authority (ESMA), que tendría la facultad de pedir información e investigar a las agencias, de aplicar sanciones y hasta de revocar la licencia, en casos extremos. En los EE.UU. el avance contra las calificadoras es menor, pero el Senado ya denunció a Moody’s y a Standard & Poors por ayudar a los bancos a ocultar los riesgos de inversiones que promocionaban poco antes de la crisis”.
Atentas a eso, y en un esfuerzo por mostrar mayor “transparencia” en sus decisiones, las agencias expusieron en sus sitios web los criterios con los que suelen asignar estas calificaciones y los diferentes códigos de conducta que rigen sobre sus analistas. “Utilizamos un número de resguardos operacionales a nivel management, de comités de crédito y a nivel de analista individual para manejar conflictos potenciales”, dijo a WE el director de Moody’s, Daniel Rúas. Por ejemplo: la compañía obliga a “asignar las calificaciones mediante la reunión de un comité”, y nunca “por un solo analista”; “los especialistas no participan en discusiones con emisores relacionadas con honorarios, estructuras de precios o condiciones de pagos”; y “la compensación de ellos no está basada en los honorarios pagados por los emisores que califican o los niveles de calificaciones asignados”, explica Rúas. En Fitch, ese mismo código de conducta advierte a los empleados que “no deben discutir su información en circunstancias en que otros puedan escuchar los debates”.
Puertas adentro, las calificadoras reconocen que es muy posible que sean las siguientes víctimas, en este nuevo impulso global por regular cada vez más al mercado. Pero juran y perjuran que estarán abiertas a las auditorías que sean necesarias si contribuyen, como dicen, a devolverles la confianza perdida. Internamente, parecen más lejos de aceptarlo: “Siempre es lo mismo: cuando la maestra pone un 10, el alumno es un ídolo; y cuando pone un 3, es una imbécil”, justifican. z we
¿Cómo entender
las calificaciones?
Fuente: Standard & Poors
AAA: la capacidad de pago del emisor es extremadamente fuerte.
AA : la capacidad de pago del emisor es muy fuerte.
A: el emisor es un poco más susceptible a los efectos adversos derivados de cambios en las condiciones y situaciones económicas, pero su capacidad de pago todavía es fuerte.
BBB: presenta parámetros de protección adecuados, pero es más probable que las condiciones económicas adversas o cambios coyunturales conduzcan al debilitamiento de su capacidad de pago.
BB: es vulnerable al incumplimiento. Enfrenta incertidumbre y exposición ante situaciones económicas adversas, lo que puede llevar a que el emisor tenga una capacidad de pago inadecuada.
B:( CALIFICACIÓN ARGENTINA): es más vulnerable a un incumplimiento que las calificadas con BB, pero el emisor presenta aún capacidad de pago. Condiciones financieras, económicas y comerciales adversas probablemente perjudicarían la capacidad y voluntad del emisor para cumplir con sus compromisos.
CCC: es vulnerable, y depende de condiciones financieras, económicas y comerciales favorables para cumplir con sus compromisos financieros. En caso de que éstas sean adversas, probablemente no tendrá la capacidad de cumplir con sus compromisos financieros.
CC: actualmente muy vulnerable a un incumplimiento de pago.
C: actualmente muy vulnerable. Esta calificación puede usarse para cubrir ante una situación donde se ha presentado la solicitud de bancarrota o se ha tomado una acción similar, pero continuarán los pagos. Una calificación de C también se asignará a una emisión de capital preferente con atraso sobre los dividendos o en los pagos al fondo de amortización, pero que se está pagando actualmente.
D: es incumplimiento de pagos. Se usa cuando los pagos sobre una obligación no se realizan en la fecha en que vencen incluso cuando el periodo de gracia aplicable no ha expirado.
Signos de más (+) o menos (-): las calificaciones de AA a CCC pueden modificarse agregándoles un signo de más (+) o menos (-) para mostrar su posición relativa dentro de las principales categorías de calificación.
Veinte días atrás, con el canje de deuda en marcha, el ministro Amado Boudou les reprochó: “Las agencias de riesgo se guían más por cuestiones ideológicas que de fundamentación económica. Eso deriva en malas decisiones de inversión, lo que es grave para los inversores, pero también desde el punto de vista sistémico”.
El posible default griego también volvió a sentar a las calificadoras de riesgo en el banquillo. Se les recriminó, en este caso, la misma indiferencia que ante el default de la Argentina, la explosión de las crisis rusa y brasileña, y algunos ejemplos corporativos puntuales. A nivel global, el más recordado es la quiebra de Enron; en la Argentina, el incumplimiento del fideicomiso Bonesi, que calificaba Standard & Poors. “No negamos que hemos perdido prestigio, y estamos pasando un momento dificilísimo”, se sinceró ante este diario la analista de una de las tres grandes agencias instaladas en el país. “Pero estamos trabajando para recuperar la confianza”, agregó.
En la Argentina, la pelea del Gobierno con las calificadoras se profundizó desde la intervención del Indec. Pero volvió a copar la escena mediática en las últimas semanas, una vez que se conoció el nivel de adhesión al canje de deuda (66%). El presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, se lanzó públicamente a reclamarles el investment grade (el escalón más alto, en el que hoy se ubican, por ejemplo, los EE.UU.). Ante las consultas de la prensa, las compañías Moody’s y Fitch adelantaron que subirían su calificación, pero que la sacarían sólo del nivel de default a “grado especulativo”. En Standard & Poors, si bien reconocieron al canje como un avance, advirtieron que aún no es suficiente para determinar una decisión sobre la nota.
Los economistas heterodoxos suelen ser los más críticos de las calificadoras, por una razón: cada vez que emerge una crisis, suponen que es necesario incurrir en un gran déficit fiscal para generar políticas expansivas que apuntalen la actividad. Ahí, entonces, aparecen siempre las advertencias de las agencias, que evalúan la capacidad de pago de la deuda soberana por encima de cualquier otra variable de la economía. “Trabajan, cuando hay problemas, agravando los problemas; y cuando no hay problemas, generando dinero fácil adicional. El principal problema de ellas es esta “prociclicidad”, comenta a WE el economista Miguel Bein. En las agencias se defienden: “Al final somos criticadas por ambas cosas. Si elegimos ser prudentes ante las amenazas de default, nos dicen que llegamos tarde; y si nos anticipamos, nos dicen que ’empujamos’ las cosas para que la crisis suceda”, se lamenta un analista.
Las calificadoras evalúan la calidad del crédito con siete escalones diferentes, que van desde la triple A (máximo grado de inversión), hasta la triple C (probabilidad cierta de default). La Argentina está ubicada hoy en el último lugar del escalón intermedio (“grado especulativo”): con la nota B-, en Standard & Poors, y con B3, en Moody’s. Fitch mejoró esta semana la calificación de B- a B.“Las calificaciones son sólo opiniones: no son recomendaciones y no se mueven con el precio del mercado. Tienen cierta estabilidad y están pensadas para inversores de mediano plazo. A veces se mezcla el rol de la calificadora con el del que tiene un researched. Pero es distinto: el mercado descuenta los sucesos mucho más rápido”, argumenta un directivo.
En Europa existe una fuerte presión política para lanzar una serie de reformas y regulaciones sobre las calificadoras. Auditorías internas, rotación de analistas y -la más extendida de todas- creación de entes de control de la actividad. En la Argentina esa idea fue lanzada desde la CNV a mediados del año pasado, por el entonces titular del organismo, Eduardo Hecker: se trataba de crear un ente por decreto presidencial, integrado por académicos de universidades públicas, que supervisara a las vapuleadas calificadoras. Una réplica de lo que propone un proyecto de ley del Parlamento Europeo: la creación de la European Securities and Markets Authority (ESMA), que tendría la facultad de pedir información e investigar a las agencias, de aplicar sanciones y hasta de revocar la licencia, en casos extremos. En los EE.UU. el avance contra las calificadoras es menor, pero el Senado ya denunció a Moody’s y a Standard & Poors por ayudar a los bancos a ocultar los riesgos de inversiones que promocionaban poco antes de la crisis”.
Atentas a eso, y en un esfuerzo por mostrar mayor “transparencia” en sus decisiones, las agencias expusieron en sus sitios web los criterios con los que suelen asignar estas calificaciones y los diferentes códigos de conducta que rigen sobre sus analistas. “Utilizamos un número de resguardos operacionales a nivel management, de comités de crédito y a nivel de analista individual para manejar conflictos potenciales”, dijo a WE el director de Moody’s, Daniel Rúas. Por ejemplo: la compañía obliga a “asignar las calificaciones mediante la reunión de un comité”, y nunca “por un solo analista”; “los especialistas no participan en discusiones con emisores relacionadas con honorarios, estructuras de precios o condiciones de pagos”; y “la compensación de ellos no está basada en los honorarios pagados por los emisores que califican o los niveles de calificaciones asignados”, explica Rúas. En Fitch, ese mismo código de conducta advierte a los empleados que “no deben discutir su información en circunstancias en que otros puedan escuchar los debates”.
Puertas adentro, las calificadoras reconocen que es muy posible que sean las siguientes víctimas, en este nuevo impulso global por regular cada vez más al mercado. Pero juran y perjuran que estarán abiertas a las auditorías que sean necesarias si contribuyen, como dicen, a devolverles la confianza perdida. Internamente, parecen más lejos de aceptarlo: “Siempre es lo mismo: cuando la maestra pone un 10, el alumno es un ídolo; y cuando pone un 3, es una imbécil”, justifican. z we
¿Cómo entender
las calificaciones?
Fuente: Standard & Poors
AAA: la capacidad de pago del emisor es extremadamente fuerte.
AA : la capacidad de pago del emisor es muy fuerte.
A: el emisor es un poco más susceptible a los efectos adversos derivados de cambios en las condiciones y situaciones económicas, pero su capacidad de pago todavía es fuerte.
BBB: presenta parámetros de protección adecuados, pero es más probable que las condiciones económicas adversas o cambios coyunturales conduzcan al debilitamiento de su capacidad de pago.
BB: es vulnerable al incumplimiento. Enfrenta incertidumbre y exposición ante situaciones económicas adversas, lo que puede llevar a que el emisor tenga una capacidad de pago inadecuada.
B:( CALIFICACIÓN ARGENTINA): es más vulnerable a un incumplimiento que las calificadas con BB, pero el emisor presenta aún capacidad de pago. Condiciones financieras, económicas y comerciales adversas probablemente perjudicarían la capacidad y voluntad del emisor para cumplir con sus compromisos.
CCC: es vulnerable, y depende de condiciones financieras, económicas y comerciales favorables para cumplir con sus compromisos financieros. En caso de que éstas sean adversas, probablemente no tendrá la capacidad de cumplir con sus compromisos financieros.
CC: actualmente muy vulnerable a un incumplimiento de pago.
C: actualmente muy vulnerable. Esta calificación puede usarse para cubrir ante una situación donde se ha presentado la solicitud de bancarrota o se ha tomado una acción similar, pero continuarán los pagos. Una calificación de C también se asignará a una emisión de capital preferente con atraso sobre los dividendos o en los pagos al fondo de amortización, pero que se está pagando actualmente.
D: es incumplimiento de pagos. Se usa cuando los pagos sobre una obligación no se realizan en la fecha en que vencen incluso cuando el periodo de gracia aplicable no ha expirado.
Signos de más (+) o menos (-): las calificaciones de AA a CCC pueden modificarse agregándoles un signo de más (+) o menos (-) para mostrar su posición relativa dentro de las principales categorías de calificación.
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