El Gobierno les ofrecerá a los bonistas que no quieran cobrar en Buenos Aires la posibilidad de hacerlo en otro país si ese pago está fuera del alcance de los embargos del juez Thomas Griesa.
Además, apuesta a que los bonistas reestructurados presionen a Griesa para que libere los próximos pagos de deuda de la Argentina mientras cocina, a fuego muy lento, el canje local anunciado esta semana.
Según pudo saber LA NACION en el Palacio de Hacienda, el ministro Axel Kicillof está muy contrariado por la inacción de los bonistas que ingresaron en los canjes de 2005 y 2010, al considerar que dejaron solo al país en su enfrentamiento con los fondos buitre.
El pensamiento del ministro es que estos bonistas apuestan a que la Argentina pagará los 1650 millones de dólares ordenados por Griesa tarde o temprano y, por lo tanto, no están interesados en ayudar al país en su encrucijada que mantiene con el resto de los holdouts.
Entienden que el magistrado no se anima a declarar al país en desacato porque entraría en un terreno que casi no tiene precedente y porque entraría en conflicto con la política exterior norteamericana.
En cuanto a los detalles técnicos del canje de los bonos, el Gobierno sigue apostando más a una solución por parte de los terceros que realmente a instrumentar el proyecto de "deuda soberana" que el Congreso debatirá desde la semana entrante.
En sintonía con el proyecto anunciado por el líder del Frente Renovador, el diputado Sergio Massa, habrá una posibilidad para que los bonistas que no quieran cobrar en Buenos Aires propongan una sede alternativa, siempre y cuando esté asegurado que no haya embargos por parte de Griesa.
En cambio, no se explicó cómo hará el Gobierno para conocer quiénes son los bonistas en condiciones de cobrar en el país -información que está en poder del Bank of New York y de los agentes de pago- ni si será necesario abrir una cuenta desde el exterior para cobrar.
Tampoco hubo detalles sobre qué incentivos se les darán a los ahorristas argentinos que tienen ahorros en el exterior no declarados ante el fisco argentino para que formen parte del canje.
Lo que ya dejaron en claro los funcionarios del equipo de Kicillof es que no harán un road show para promocionar este canje, que ya fue anunciado en dos oportunidades previas por la Casa Rosada pero nunca fue instrumentado. Sólo esperarán a que los bonistas que vieron frustrada la posibilidad de cobrar en Nueva York acepten cambiar el domicilio de pago.
Pese a la gran rabieta que mantienen contra el juez Griesa, al considerar que sigue cuestionando las iniciativas de la Argentina -como esta nueva ley- mientras consiente el lobby de los fondos buitre, creen que el magistrado deberá ir liberando los pagos fuera de Nueva York, aunque sea en forma lenta.
De esta manera se podría llegar a un escenario más despejado en enero próximo, cuando venza la cláusula RUFO (rights upon future offers, es decir que, en caso de mejorarse la oferta a algún acreedor, se les deberá pagar lo mismo a los bonistas que entraron en el canje), para que el Gobierno pueda negociar con todos los holdouts y no sólo con los que ganaron la causa del pari passu.
En la reunión que mantuvo el ministro con el mediador Dan Pollack, éste le propuso al funcionario argentino que arreglara la causa que ya está cerrada para convencer a los demás; Kicillof le retrucó que no tenía sentido negociar con un solo grupo si luego el resto de los holdouts reclamarían lo mismo, pero no llegaron a ningún acuerdo.
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