El Gobierno intentará renegociar los u$s 20.000 millones en títulos públicos que no ingresaron al canje de deuda de 2005 y permanecen en default, anunció el ministro de Economía, Amado Boudou. Hoy mismo comenzarán los trámites en las Comisiones de Valores de los países con mayor cantidad de bonistas y el lunes la presidenta Cristina Fernández enviará al Congreso un proyecto de ley para que se suspenda la llamada “ley cerrojo” por un año. Fue la cabal prueba de que, finalmente, el kirchnerismo decidió darle fuerza política a la operación.
La Argentina firmó una carta mandato con bancos Barclays, Deutsche y Citi, que acercaron la propuesta hace ya más de un año, para iniciar el canje de al menos la mitad de la deuda en default, que las instituciones aseguraron representar, dijo Boudou en conferencia de prensa, pasadas las 18.30. Lo acompañaban los secretarios de Política Económica y Finanzas, Eduardo Feletti y Hernán Lorenzino, respectivamente.
Luego de recordar que fue una de sus metas al asumir al Ministerio, Boudou dijo que el lunes la Presidenta pedirá al Congreso la suspensión temporal de la ley que impide reabrir el canje de deuda, votada tras la operación comandada por Roberto Lavagna en 2005 y que involucró al 76% de los compromisos hasta entonces en default. La idea es suspender la ley por un año o hasta que quede cerrado el canje, lo que suceda primero, indicaron en el Palacio de Hacienda.
“Hemos convocado al grupo de bancos a firmar la carta mandato que va a servir para conformar la letra chica” de la oferta, dijo Boudou. A grandes rasgos, aseguró que la oferta será “en términos más ventajosos para la Argentina” que la de 2005, cuando tuvo una quita del 65%. E incluirá “efectivo nuevo” a través de un bono a una tasa de interés esperada de un dígito, por una cifra que “rondará el 10% de los bonos canjeados”. Los bancos dicen asegurar una aceptación del 50%, por lo que el Gobierno ya contaría con u$s 1.000 millones de colocar ese nuevo título.
La oferta no distinguirá entre aquellos bonistas que empezaron juicios al país y los que no lo hicieron. Pero Boudou deslizó que buscarán la manera de dar condiciones más ventajosas a los pequeños ahorristas.
Hoy mismo, Lorenzino comenzará con los trámites ante las comisiones de valores de Estados Unidos (la SEC), Alemania, Italia y Japón, entre otros países, que se realizarán en forma paralela a la discusión en el Congreso. Se estima que la SEC tarda entre 30 y 60 días en aprobar la operación, si todo está en regla, y que luego podría lanzarse la oferta.
Pro_modelo
El Gobierno avanzó con este paso que, como afirmó Boudou, le permitirá a la Argentina aprovechar los torrentes de liquidez que pululan por el mundo, gracias a las bajas tasas de interés globales.
La operación le permitirá acceder a los mercados voluntarios de deuda a una tasa de entre 9 y 10% incluso sin acordar con el FMI, en tiempos en que flaquea el superávit fiscal.
Eso podría ser suficiente para cubrir los 13.000 millones de dólares de vencimientos de deuda previstos para el año próximo sin sacrificar reservas ni acudir exclusivamente a organismos públicos y, a la vez, continuar manteniendo altos niveles de gasto. “Esperamos en 2010 seguir reforzando este tipo de políticas públicas”, dijo el ministro.
Boudou se preocupó por justificar el regreso al terreno financiero, del que tanto renegó la Argentina hasta no hace mucho: “Los mercados financieros son un instrumento, no un fin; el mercado es una forma de apalancar el crecimiento”. Auguró que el retorno a los mercados será también “una fuerte señal al sector privado”, ya que bajará las tasas de interés y fomentará inversiones productivas.
Con el piso garantizado por los bancos, el Gobierno espera que el canje tenga al menos una aceptación del 60% –unos u$s 12.000 millones, sin intereses–. La deuda impaga es del orden de los u$s 20.000 millones, y se calcula que los intereses no honrados ascienden a los u$s 9.000 millones.
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