A partir de la nueva ley de Mercado de Capitales, y una vez que se termine de reglamentar, la Comisión Nacional de Valores (CNV) incorporará muchas más funciones, lo que impactará en su esquema de recursos humanos, al tener que incorporar unas 150 personas más, y edilicio, al tener que alquilar nuevas oficinas para alojar a los nuevos empleados. En tanto, los empleados pasarán a la órbita del Empleo Público.
Para ello el organismo ya pidió un aumento del presupuesto (sobre los $ 6,17 millones aprobados para este año) al Ministerio de Economía, que el Congreso aprueba todos los septiembre de cada año. “Se está reforzando la CNV para que esté a la altura de la situación en recursos humanos, capacitación y en términos edilicios”, dijeron en el ministerio.
Hoy el organismo cuenta con alrededor de 260 personas. Y se estima que al final del proceso incorporará unas 150 más, lo que incluye no sólo el personal para cumplir las funciones de las nuevas gerencias sino las nuevas delegaciones regionales. Este año se cumplirá una primera etapa de incorporación de personal: ya se sumaron unas 50 personas y hasta fin de año se prevén unas 20 o 30 más.
“Hace varios meses que estamos incorporando gente y vamos a tener que incorporar más en la medida que vayamos teniendo respuestas edilicias”, dijeron en el organismo.
Porque todo este nuevo personal no entra en el edificio actual, sobre la calle 25 de Mayo. La idea es mantenerlo, porque es propio. Y tomar oficinas de otros organismos públicos en la medida que haya disponibilidad o alquilar, mediante licitación, oficinas de privados para alojar al nuevo personal.
A mediados del mes pasado, el organismo expandió su organigrama a ocho subgerencias y tiene dos meses -hasta el 15 de septiembre- para aprobar las aperturas inferiores, unos 24 cargos nuevos.
El nuevo personal se tomará paulatinamente a medida que se vaya dando el proceso de adaptación de la nueva ley. “Inicialmente se necesita gente abocada a la registración (de los mercados, agentes y universidades), que va a ser mucho más arduo al principio, y después será reasignada”, agregaron. “Los primeros seis meses son los más pesados”, explicaron. La CNV no quiere que se arme un cuello de botella con el personal existente.
El presupuesto del organismo para cumplir sus nuevas funciones proviene del Tesoro, de las multas que cobre a los emisores y por los trámites que realiza.
Paralelamente, está tomada la decisión política, a partir de la nueva ley, que el personal pase al Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep), que reconoce la estabilidad del puesto, implica suplementos salariales por escala, que los sindicatos -ATE y UPCN- estiman en un 40% en promedio, para, en una segunda etapa. Luego, incorporar a planta permanente a los empleados contratados.
“Estamos a la espera de que nos convoque (la secretaría de) Gestión Pública para que apruebe el nomenclador de la CNV. Una vez aprobado el nomenclador, nos vuelven a contactar para firmar el acuerdo para que personal de planta pase a la Ley de Empleo Público en vez de la Ley de Contrato de Trabajo”, dijo un delegado.
Los sindicatos están interesados en captar los aportes a la obra social de los empleados, una vez que estén incorporados a la órbita del empleo público: UPCN abarca el 70% de los empleados del Estado y ATE, el 30%.
Para ello el organismo ya pidió un aumento del presupuesto (sobre los $ 6,17 millones aprobados para este año) al Ministerio de Economía, que el Congreso aprueba todos los septiembre de cada año. “Se está reforzando la CNV para que esté a la altura de la situación en recursos humanos, capacitación y en términos edilicios”, dijeron en el ministerio.
Hoy el organismo cuenta con alrededor de 260 personas. Y se estima que al final del proceso incorporará unas 150 más, lo que incluye no sólo el personal para cumplir las funciones de las nuevas gerencias sino las nuevas delegaciones regionales. Este año se cumplirá una primera etapa de incorporación de personal: ya se sumaron unas 50 personas y hasta fin de año se prevén unas 20 o 30 más.
“Hace varios meses que estamos incorporando gente y vamos a tener que incorporar más en la medida que vayamos teniendo respuestas edilicias”, dijeron en el organismo.
Porque todo este nuevo personal no entra en el edificio actual, sobre la calle 25 de Mayo. La idea es mantenerlo, porque es propio. Y tomar oficinas de otros organismos públicos en la medida que haya disponibilidad o alquilar, mediante licitación, oficinas de privados para alojar al nuevo personal.
A mediados del mes pasado, el organismo expandió su organigrama a ocho subgerencias y tiene dos meses -hasta el 15 de septiembre- para aprobar las aperturas inferiores, unos 24 cargos nuevos.
El nuevo personal se tomará paulatinamente a medida que se vaya dando el proceso de adaptación de la nueva ley. “Inicialmente se necesita gente abocada a la registración (de los mercados, agentes y universidades), que va a ser mucho más arduo al principio, y después será reasignada”, agregaron. “Los primeros seis meses son los más pesados”, explicaron. La CNV no quiere que se arme un cuello de botella con el personal existente.
El presupuesto del organismo para cumplir sus nuevas funciones proviene del Tesoro, de las multas que cobre a los emisores y por los trámites que realiza.
Paralelamente, está tomada la decisión política, a partir de la nueva ley, que el personal pase al Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep), que reconoce la estabilidad del puesto, implica suplementos salariales por escala, que los sindicatos -ATE y UPCN- estiman en un 40% en promedio, para, en una segunda etapa. Luego, incorporar a planta permanente a los empleados contratados.
“Estamos a la espera de que nos convoque (la secretaría de) Gestión Pública para que apruebe el nomenclador de la CNV. Una vez aprobado el nomenclador, nos vuelven a contactar para firmar el acuerdo para que personal de planta pase a la Ley de Empleo Público en vez de la Ley de Contrato de Trabajo”, dijo un delegado.
Los sindicatos están interesados en captar los aportes a la obra social de los empleados, una vez que estén incorporados a la órbita del empleo público: UPCN abarca el 70% de los empleados del Estado y ATE, el 30%.
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