Los subsidios energéticos que el kirchnerismo engrosó desde 2003 hasta la actualidad se han convertido en un barril sin fondo, que en poco tiempo será imposible de llenar.
Esta es la conclusión a la que llegaron especialistas en energía y presupuesto reunidos en esta ciudad, quienes advirtieron que esa política estatal es inviable y que el ritmo de gasto creciente ya no podrá sostenerse dentro de dos años. Los subsidios son hoy una "gran tarifa social insostenible", según la definición de expertos que expusieron en el XXVII Seminario Nacional de Presupuesto Público, organizado aquí por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
Y la verdad es que la sustentabilidad futura de los subsidios es incierta y muy difícil de medir". En efecto, el peso de la política de los subsidios en las arcas estatales es cada vez mayor. Según mostró Rangugni en su presentación, estas erogaciones significaban 5,8% del gasto fiscal en 2007, mientras que este año ya representan 11,5% (si se suma el sector del transporte llegan a 17%).
En los últimos dos años se gastó por encima de lo presupuestado para ese fin: 130% en 2011 y 160% en 2012. En lo que va de este año ya se gastó 85% de lo presupuestado inicialmente, lo que permite prever que en 2013 se volverá a romper por lejos la marca presupuestaria.
Andrés Di Pelino, coordinador de la comisión de Economía del IAE-General Mosconi, dijo que tal como están instrumentados en la actualidad, los subsidios energéticos son insostenibles en el tiempo.
"Se necesita bajar lo que el Estado gasta en ese concepto, mediante un sistema focalizado que entregue esa ayuda a quienes realmente la necesitan", afirmó el especialista.
Según analizó Di Pelino, si YPF no logra los fondos necesarios para sacar provecho del enorme potencial que representa el yacimiento de Vaca Muerta y revertir el estado actual de un país que pasó de ser exportador neto a importador neto de energía, en dos años ya no habrá forma de financiar la compra en el exterior del gas que la Argentina necesita para abastecer su matriz energética.
Sucede que YPF, según Di Pelino, no la tiene fácil, puesto que para Repsol lo que sucedió con esa empresa en abril de 2012 no fue una estatización, sino una confiscación.
"Mientras no se solucione ese tema con la compañía española no se van a conseguir inversores, porque esa firma ya dijo que demandará a todos aquellos que pongan dinero en la petrolera estatal", explicó.
Lo que se propone desde el Instituto Mosconi, además de la creación de un Ministerio de Energía, es el reordenamiento de precios, subsidios y tarifas; la generación de condiciones para que retornen las inversiones y el fortalecimiento de la capacidad de gestión del Estado en el sector.
Los especialistas reunidos por ASAP coincidieron en que de esta maraña de subsidios se debe salir en forma ordenada porque si se la desarticula del mismo modo alocado en que se la instrumentó se producirá un estallido social.
¿Se puede salir de manera ordenada?
"Creo que sí, que hay sectores productivos que tienen margen para absorber un aumento de las tarifas", respondió Rangugni.
En cuanto al modo en que se podría comenzar a focalizar y discriminar entre quienes necesitan el subsidio y quiénes no, los expositores coincidieron en que no alcanza con hacer un censo, puesto que el nivel de consumo del hogar no es un indicador de los ingresos.
"Puede haber una persona que viva sola con alto poder adquisitivo, pero que consume muy poca energía", señaló Di Pelino.
"Tal vez el análisis catastral sea lo más efectivo", sugirió.
Otra dificultad se plantea por el hecho de que buena parte de los sectores merecedores del subsidio trabajan en la informalidad, por lo que se hace problemático ubicarlos.
Según el representante de la UIA, un gran problema que agrava la crisis energética es la diferencia entre lo que se paga por el gas importado y lo que se les cobra a los usuarios residenciales.
Cuesta US$ 12 el millón de BTU comprado a Bolivia y US$ 17 el que llega en barcos regasificadores.
Mientras que el consumidor residencial lo paga a US$ 0,50. "¿Cómo se cubre hoy esa diferencia entre costo y tarifa?", se preguntó Calsiano.
"Con subsidios, que pasaron de ser $ 1800 millones en 2005 a $ 56.455 millones en 2012. Y 80% de esa suma se lo llevan Enarsa y Cammesa para pagar la importación de energía", concluyó el experto.
Cammesa, la compañía administradora del mercado eléctrico, es la principal depositaria de los subsidios a la energía. En segundo lugar se ubica Enarsa, la empresa estatal de energía.
En ambos casos, el grueso de los fondos se destina a importar gas o combustibles líquidos que se usan para generar electricidad.
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