El salario mínimo que cobran unos 300.000 trabajadores fuera de convenio y que funciona como referencia para los sueldos del sector rural y del personal no registrado se elevará en agosto a $ 1.740 y llegará a $ 1.840 desde enero próximo, lo que implica un incremento escalonado del 22,6%, según estableció el acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno, organizaciones empresarias y entidades sindicales en el marco del Consejo del Salario.
El nuevo piso salarial fue oficializado por la presidenta Cristina Fernández, quien festejó el aumento como un gesto de “responsabilidad” de parte de empresarios y gremios, pero en un mensaje directo a las empresas advirtió que la suba no podrá trasladarse a los precios. “Estos trabajadores (que cobran el sueldo mínimo) no forman parte de los grandes grupos formadores de precios”, indicó Cristina al anunciar la suba del piso salarial durante un acto realizado en el Ministerio de Trabajo luego del entendimiento alcanzado entre los representantes de las cámaras empresarias y la CGT de Hugo Moyano, y que fue rechazado por la CTA.
El incremento del mínimo de 22,6% en dos tramos se ubica por debajo del promedio de aumentos fijado en la última ronda de paritarias (entre el 25% y 27%) y en medio de las subas otorgadas por el Gobierno a estatales nacionales (21%) y docentes (23,5%).
El aumento acordado partió de una propuesta de la cartera laboral, que conduce Carlos Tomada, en un intento por destrabar la pulseada que mantenían las cámaras empresarias encabezadas por la UIA y la CGT y que impidió que el miércoles se alcanzara un acuerdo. Entre el planteo empresario de fijar un aumento en tres tramos del 20%, que llevaría el mínimo a $ 1.800, y la pretensión de la CGT, que pugnaba por un piso de $ 1.900, lo que representaba un suba de 25%, la iniciativa oficial buscó repartir diferencias y logró la adhesión de los dos sectores, mientras la CTA mantuvo su idea de elevar el mínimo de $ 1.500 a $ 2.200 y se negó a firmar el acuerdo.
Luego del fracaso de la reunión inicial del miércoles, los miembros del Consejo retomaron en la tarde de ayer las negociaciones y tras un breve intercambio avanzaron con el acuerdo. “Hubo conversaciones previas en las que se resolvieron los puntos más conflictivos y con la propuesta del Gobierno se definió lo que faltaba”, comentó uno de los gremialistas que participó del encuentro. Con el entendimiento sellado, el representante de la UIA, Daniel Funes de Rioja, aprovechó la oportunidad para plantear el temor empresario por el impacto de la suba del mínimo en los convenios a raíz de la ley del diputado Héctor Recalde, mientras Moyano apenas se ocupó de subrayar que el aumento acordado “no era el ideal” pretendido por la central obrera. “Pero tenemos que acostumbrarnos a negociar”, fundamentó el camionero.
El discurso más extenso estuvo a cargo de Hugo Yasky, el titular de la CTA, quien reprochó por “insuficiente” la suba, pero culminó la crítica justo antes del ingreso de Cristina al plenario. Ante la presencia presidencial, el dirigente de ATE y adversario de Yasky en la interna de la CTA, Pablo Micheli, decidió retirarse del encuentro: “No voy a avalar este circo”, comentó a sus colaboradores.
La suba del salario mínimo, que llegará este mes a $ 1.740 y trepará a $ 1.840 desde enero, beneficia en forma directa a unos 300 mil trabajadores fuera de convenio, en su mayoría jóvenes que ingresan a su primer empleo y algunos administrativos. Pero, además, ese piso salarial funciona como referencia para la evolución de los sueldos en el sector informal y constituye la base para la negociación salarial de los peones rurales.
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