Por qué aumentan los combustibles

La intervención del Gobierno en el mercado de combustibles, materializada esta semana a través de la decisión de Comercio Interior de prohibir nuevos aumentos en surtidores, puso otra vez en aprietos a las petroleras. La versión oficial sostiene que las refinadoras aplicaron subas desproporcionadas en la primera mitad del año. Es que las naftas y el gasoil aumentaron hasta un 40%, por encima de la inflación real y a años luz de la que marca el Indec.

Pero las compañías alegan que el alza de los combustibles responde a una serie de factores, entre los que figuran el encarecimiento de la materia prima (el crudo que destilan), el aumento de los costos operativos por la devaluación de la moneda local (el dólar pasó de $ 3,80 a $ 3,95) y la incorporación de los biocombustibles al mercado (hoy el gasoil se vende mezclado con un 5% de biodiesel).

Entender cómo funciona el negocio del petróleo en la Argentina se ha tornado, frente a ese tendal de acusaciones cruzadas, una tarea compleja. Para echar luz sobre el proceso de formación de precios del sector hay que poner la lupa en dos grandes elementos. Por un lado, la participación impositiva que pesa sobre los combustibles, muy alta en la Argentina. Y por el otro, la política del kirchnerismo de mantener el valor local del petróleo desfasado de la referencia internacional.

En la industria de refinación -liderada por YPF, Shell, Esso y Petrobras- suelen recurrir al voraz apetito fiscal del Estado para defenderse de las subas en surtidores. Los números parecen dar fuerza a su argumentación.

Si se tiene en cuenta el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC), más la tasa hídrica, por cada litro de nafta el consumidor paga 65% de impuestos. Ese porcentaje incluye también el IVA más los ingresos brutos en caso de ser consumidor final. Con todo, de los $ 4 por litro que alcanzó la súper la semana pasada, más de $ 2 son impuestos, cuestionan en el mercado. En otros países, ese guarismo es mucho menor. En los EE. UU. no supera el 12%.

Sin embargo, el fuerte aumento anotado en surtidores registrado en 2010 parecería estar más ligado a los precios de las materias primas que a la presión tributaria. Aprovechando que la Argentina tenía una buena producción de petróleo y no dependía de la exportación, en 2007 el Gobierno acentuó la política de precios regulados inaugurada en 2003 y dictó un nuevo esquema de derechos a la exportación (retenciones), que fijó como precio tope del barril los u$s 42. De esa manera, cuando a nivel mundial las petroleras gozaban de valores superiores a los u$s 100, aquí recibían menos de la mitad.

La medida sirvió para mantener congelados los importes de las naftas y el gasoil y evitar así una escalada en las estaciones de servicio. Pero como contrapartida, desincentivó la exploración y producción de petróleo, que desde ese año vienen en franco retroceso. La extracción de crudo cayó un 3% en 2009 y acumula un desplome del 50% con relación a 1998.

Para revertir esa tendencia negativa y favorecer la inversión, el Gobierno comenzó en 2010 -a diferencia de años anteriores- a liberar un poco el precio del crudo. De los u$s 42 que se pagaban a fines del año pasado, las productoras -con Pan American Energy y Chevron a la cabeza- pasaron a cobrar alrededor de u$s 50; todavía lejos del precio internacional, que ronda los u$s 70. El problema para los consumidores llegó cuando los refinadores volcaron esas mejoras a los surtidores.

Versiones cruzadas

Para Juan José Aranguren, presidente de Shell en la Argentina, “los aumentos registrados en lo que va del año permitieron absorber la devaluación del peso, que pasó de 3,80 a valer 3,95. Y a pagar un 20% más por el crudo que refinamos, para mejorar los márgenes de los productores”.

El directivo mantiene un largo historial de enfrentamientos con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que incluye más de una decena de batallas pendientes en la Justicia. Es que Shell lideró desde 2005 los reclamos para lograr una recomposición de los precios, que permanecen desfasados de los regionales. La política de la empresa de aumentar los importes, incluso, motivó el pedido de boicot contra esa petrolera por parte del entonces presidente Néstor Kirchner.

Su contracara es YPF, que a partir de la entrada de la familia Eskenazi, aplica una estrategia de precios bajos que le permitió ganar buena parte del negocio de naftas y gasoil. Hoy tiene un 56% del mercado. “Aunque una buena parte del mayor ingreso que generó el alza en surtidores se destinó a cubrir aumentos de costos, el sector mejoró sus márgenes de rentabilidad”, indicaron desde la petrolera. De hecho, en el primer trimestre del año la empresa ganó en su área de Refino y Marketing $ 938 millones, casi cuatro veces más que en 2009.

Lo cierto es que desde enero, los precios comenzaron a sortear el cerrojo impuesto por el Gobierno. El gasoil, el producto más demandado, pasó de costar $ 2,70 en diciembre a no bajar de $ 3,60 en el área metropolitana, con un alza cercana al 38%. Y la nafta super subió de $ 3,25 a $ 3,85, con un incremento cercano al 28%.

La nafta Premium, en tanto, se consigue en los surtidores porteños a $ 4,70, un 32% más que el año pasado ($ 3,55). En las provincias, los saltos son todavía más importantes. El gasoil grado 3 (Eurodiesel, según la denominación de YPF, o V-Power, de Shell), aumentó en Córdoba un 35%. Hoy cuesta alrededor de $ 4,40, contra los $ 3,50 de diciembre.

Poca inversión

Los aumentos se concretaron con el aval del Gobierno que, preocupado por el alza de la demanda (creció un 8% en el primer semestre, según la Secretaría de Energía), empezó a tolerar -al menos hasta esta semana, cuando Moreno ordenó la retracción de los precios- mejoras en los surtidores para incentivar la oferta.

Es que el corsé de precios aplicado entre 2004 y 2009 fue erosionando la rentabilidad del sector. Tanto que en ese período se vieron obligados a cerrar más de 4000 estaciones “blancas”, el nombre que reciben los independientes. No es casual que sean los estacioneros quienes más se nieguen a bajar los precios.

La titular de la Federación de Expendedores de Combustibles de la República Argentina (FECRA), Rosario Sica, advirtió que los dueños de las estaciones de servicio no darán marcha atrás con los aumentos de precios dispuestos por las petroleras. “Los precios de los combustibles son libres”, afirmó, apelando al marco legal, que establece la libre competencia entre las petroleras.

Durante la última década, las inversiones en el sector de refinación fueron a cuentagotas. Los petroleros cuestionan que la política de precios regulados -que reduce sus tasas de retorno- no favorece la ampliación de la oferta. Así llegamos a 2010 con casi la misma capacidad de refinación que a mediados de los ‘90.

El consumo de combustibles, como contrapartida, creció con fuerza desde 2005 de la mano de la furiosa venta de autos y de la recuperación agropecuaria. Según datos de la Secretaría de Energía, la demanda creció un 30% en los últimos cuatro años. “Cuando se eleva la demanda y la oferta está estancada porque no hay inversión, la presión cae sobre los precios, que aumentan”, definió, didáctico, el director de una refinadora. Es que desde 2003, apenas Shell desembolsó $ 200 millones para construir una unidad de desulfurización en su planta de Dock Sud y Esso inauguró una terminal de hidrógeno en su destilería de Campana. El resto se mantuvo con lo que tenía. Recién en los últimos meses se anunciaron fuertes desembolsos, sobre todo a cargo de YPF. Los planes de la petrolera son ambiciosos: prevé colocar más de u$s 750 millones para modernizar sus refinerías de Buenos Aires y Mendoza. La industria, a su vez, espera por conocer los planes de desarrollo de Oil M&S, del empresario Cristóbal López, de línea directa con el matrimonio Kirchner, que en mayo le compró una destilería (ubicada en Santa Fe) y 360 estaciones a Petrobras.

Importación en puerta

En la industria admiten, no obstante, que más allá de los proyectos de expansión en carpeta, será difícil evitar la importación de combustibles en el corto plazo para cubrir las faltantes locales. “YPF ya está importando nafta súper (serían alrededor de 5000 metros cúbicos mensuales) para cubrir su mercado. Es una operación complicada, porque los precios internacionales no son repagables en la Argentina”, cuestiona un alto directivo del sector.

Las refinerías trabajan hoy, en su mayoría, por encima del 90% de su capacidad. “El margen que nos queda para elevar la producción de derivados del petróleo es reducida. La creciente demanda parece empujarnos hacia una única puerta: la importación”, reconocieron desde una petrolera.

De ahí que otro encumbrado directivo del sector pronostique que, aunque el Gobierno mande inspectores para frenar los aumentos, para fin de año “la nafta podría bordear los $ 4,20, debido a que la necesidad de importar un porcentaje de la oferta obligará a seguir recomponiendo precios”.

Aún así, los precios locales seguirán desfasados con relación a los regionales. En Brasil, por ejemplo, la nafta súper cuesta 4,90 pesos argentinos, un 25% más que en Buenos Aires. Con Uruguay la diferencia es todavía mayor: vale $ 5,60, un 40% más, según datos de la consultora Montamat & Asociados. z we

La polémica Ley de Abastecimiento

Esta semana, la Secretaría de Comercio Interior dispuso que los precios de los combustibles se retrotraigan a los valores comercializados al 31 de julio. La polémica medida lleva la firma de Guillermo Moreno, que desempolvó una vez más la Ley de Abastecimiento (20.680) para frenar las subas en surtidores.

La norma fue sancionada en 1973 y le ofrece al Gobierno un campo de acción muy amplio, que va desde la sanción de precios máximos y multas hasta el dictado de penas de prisión. Algunos especialistas advierten, sin embargo, que la norma caducará la semana que viene cuando caigan las facultades delegadas al Ejecutivo por el Congreso.

Para dar con la última vez que el Gobierno aplicó de la Ley 20.680 hay que remontarse a 2006, cuando en el marco de una faltante del gasoil para el agro Moreno aplicó una multa de $ 23 millones contra Shell por el presunto desabastecimiento del combustible; una acusación que la destiladora niega enfáticamente. “Todas nuestras decisiones comerciales han sido aplicadas cumpliendo con el marco legal vigente”, indica Aranguren.

En el sector, sin embargo, advierten que la aplicación de la norma obedece más a cuestiones macroeconómicas que sectoriales. Así lo entiende Daniel Montamat, ex secretario de Energía de la Alianza. “Si bien los precios en las estaciones de servicio se deslizaron en los últimos meses, la decisión del Gobierno busca dar una señal ejemplificadora frente a la aceleración del ritmo inflacionario”, cuestiona. “Con la inflación mensual orillando el 2%, las refinadoras son el chivo expiatorio de una mala política monetaria y fiscal”, finaliza.