lunes, 23 de mayo de 2011

Se agota un fondo para pagar deuda

El Fondo del Bicentenario, aquel que creó el Gobierno en 2010 y repitió este año para atender los servicios de la deuda soberana, está próximo a quedar "desfondado".

Es decir, el año próximo no contaría con recursos como para atender los pagos a organismos internacionales e inversores privados, estimados en una cifra que se prevé levemente superior a los US$ 9678 millones que se apartaron de las reservas con ese cometido.

Será una de las consecuencias directas del muy desigual ritmo de crecimiento que muestran las reservas bajo administración del Banco Central (BCRA) respecto de la base monetaria, es decir, los pesos circulantes.

Mientras las reservas están virtualmente estancadas desde hace un año y medio (crecieron apenas 8%, en parte, porque pasaron a usarse para cancelar deuda), el pasivo monetario bajo vigilancia del Central lo hizo a una tasa del 40%, es decir, a una velocidad cinco veces superior, lo que ayudó a alimentar la inercia inflacionaria de la economía.

Hay que recordar que el Fondo del Bicentenario se abastece de las denominadas reservas de "libre disponibilidad", es decir, los dólares que exceden el equivalente al 100% de los pesos en circulación. Es una fórmula a la que apeló el ex presidente Néstor Kirchner al exhumar, a fin de 2005, el espíritu de la convertibilidad, esquema al que también se apegó su esposa y actual mandataria en los dos últimos años.

La fórmula que se agota

Las previsiones son que mientras las reservas, en el mejor de los casos, se mantengan (el BCRA viene mostrando problemas para alzarse con una cantidad de dólares que le permitan robustecer su tenencia, mientras al país le quedan por atender dos de los tres mayores vencimientos de deuda del año, por Boden 2012 y cupones del PBI), los agregados monetarios seguirán en franca expansión. Esto provocaría que el fondo quede desfondado en 2012 y obligaría al Gobierno a modificar su estrategia para enfrentar los pagos de la deuda de allí en más.

Legalmente, el esquema de convertibilidad expiró el Día de Reyes de 2002, al promulgarse la ley 25.561, que si bien no derogó la que ley que dio vida a la convertibilidad (23.928), anuló artículos clave, como el que fijaba el empate 1 a 1 entre el peso y el dólar.

No fue el único. También modificó el artículo cuarto, que obligaba al Central a tener siempre al menos reservas equivalentes al 100% de la base monetaria.

Pero en diciembre de 2005 el Gobierno recreó ese concepto básico de la convertibilidad para contar con los recursos que le permitieran quitarse de encima el monitoreo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Mediante un simple decreto (1599/05), luego validado por el Congreso, estableció que las reservas en oro y divisas del BCRA serían afectadas a respaldar hasta el 100% de la base monetaria. Y consideró que todo lo que excediera ese límite se consideraría de "libre disponibilidad" y podría aplicarse a cancelar obligaciones con organismos financieros internacionales.

Cuatro años más tarde, la administración de Cristina Kirchner repitió la receta. Para evitar caer en déficit fiscal -o no tener que ajustar el gasto público- le pasó al BCRA una responsabilidad asignada hasta entonces al Tesoro nacional.

Mediante un simple decreto, modificó un artículo de la Carta Orgánica del BCRA para ampliar el uso de las reservas de libre disponibilidad "al pago de servicios de la deuda pública nacional", en general, con lo que sumó entre los beneficiarios a los inversores privados que tuvieran papeles de la deuda argentina y tomó US$ 6959 millones del BCRA.

A principios de este año, repitió la receta y amplió a US$ 9678 millones sus necesidades. Pero las cuentas ya no dan para repetir la receta en 2012. Si, como se cree, las reservas a lo sumo se mantienen (el consenso de los economistas empieza a marcar un posible descenso a partir de los datos oficiales de fuga de capitales, superior a los US$ 3600 millones en el primer trimestre del año) y los pesos circulantes siguen aumentando al ritmo actual (o aun si lo aminoran un poco), aunque la divisa norteamericana aumente hasta los $ 4,35 que ya marcan para fin de año los contratos a futuro que se negocian en la plaza local, la tenencia de dólares con que contará el Central le alcanzaría a duras penas para respaldar el 100% del circulante.

El dato ya fue examinado la semana pasada por analistas y bancos de inversión. Un informe del Bank of America-Merrill Lynch subrayó que ya "quedan pocas reservas para el pago de la deuda", con lo cual especula que el Gobierno estará ante la disyuntiva de acelerar el ritmo de devaluación del peso (para que la fórmula de convertibilidad siga justificando y facilitando una mayor emisión de pesos) o recurrir al mercado de capitales.

Su estimación es que las reservas finalizarán el año en curso entre los 48.000 y 49.000 millones de dólares, por una caída en proximidad de las elecciones.

La consultora local Delphos Investment también analizó esta cuestión, en un intento por demostrar que la economía no podrá seguir manejándose con piloto automático desde 2012. En sus proyecciones, las reservas se retraerían hasta los US$ 46.500 millones a fin de año, por lo que las de "libre disponibilidad" se extinguirían, en el marco de un proceso de deterioro de cobertura de la base monetaria que podría reducir ese ratio al 71,8% a fin de 2012. "Aunque la situación patrimonial del BCRA sería menos robusta, no habría razones para asegurar una inminente corrida contra el peso", tranquilizó el informe.

Para Federico Muñoz, de la consultora homónina, "el precio que ya muestra el dólar en los canales informales [entre 5 y 8% superior al de las pizarras legales] da la pauta de la desaparición del exceso de oferta de divisas que caracterizó a la era kirchnerista, lo que marcará un fuerte condicionante a futuro".

Uno de ellos es que "el fisco difícilmente cuente con el generoso financiamiento que le brindó el BCRA en los últimos años, con lo que será muy probable que se vea forzado a retornar a los mercados de deuda, corriendo el riesgo de tener que enfrentar tasas elevadas, si no hay una mejora en la calidad de la política económica".

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