Un 13,5% de incremento para los salarios de los trabajadores sería el tope que negociaría el Gobierno con los distintos gremios, en el marco de las paritarias que comienzan en febrero.
Este porcentaje es lo que quiere imponer el Gobierno para el 2009 como parte de la política de recuperación salarial que así estaría en 5 puntos porcentuales más que la inflación. Se supone que el incremento del Índice de Precios al Consumidor que mide el INDEC llegará como máximo al 8% y por eso el ajuste de salarios se debería ubicar 5 puntos por encima de ese porcentaje. Pero los gremios parece que no hacen las mismas cuentas.
El titular de la CGT Hugo Moyano estableció negociaciones sobre la base de su propio cálculo inflacionario lo que ubicó la negociación de 2007 en un 16% y la de este año en un 20% aproximadamente.
Así la central obrera insiste en un plus salarial de entre 200 y 500 pesos para cubrir el desfase inflacionario de la mitad del año. La estrategia oficial, de tratar de imponer este tope a los gremios, será llevada a cabo por Néstor Kirchner quien en los próximos días comenzará a negociar con Moyano, un 13,5% como máximo.
En realidad lo que quieren es que el titular del la CGT llegue a las negociaciones, como ocurrió en el 2007, acompañado con algunos representantes de gremios, como taxistas, bancarios, plásticos, y otros; para que sirva de pauta para el resto de las negociaciones paritarias.
El Gobierno tiene especial interés en que las terminales automotrices y la siderurgia adopten esa posición y respeten ese tope del 13,5%. Ambos sectores son problemáticos a la hora de negociar, según los demostraron en el año 2008.
A este panorama se suma que hace algunas semanas en un seminario del cual participaron varias Pymes se planteó un escenario de recesión y severa crisis sectorial para el 2009, incluyendo la necesidad de trabajar con salarios congelados.
Un tercer sector en conflicto es el bancario y es el que tiene más posibilidad de avanzar en despidos y cierre. Para enero esta prevista una embestida de los bancarios con marchas, paros y movilizaciones. También queda por discutir si los municipios y las provincias pueden otorgar ese nivel de incremento.
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